Sebastián Mantilla B.

Reforma tributaria

El día de hoy tratará el Pleno de la Asamblea Nacional en segundo y definitivo debate la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Una norma que, pese a haber sido modificada por la Comisión de Desarrollo Económico en relación a la propuesta inicial presentada por el Presidente de la República, mantiene un espíritu fiscalista y recaudatorio. Muy pocos aspectos en materia de reactivación y de desarrollo económico.

Con esta iniciativa de ley el gobierno aspiraba en un inicio a recaudar cerca de
USD 1900 millones en los próximos dos años. No obstante, con los cambios realizados en la Comisión de Desarrollo Económico y los que seguramente se propongan hoy en el pleno de la Asamblea, esa meta será más modesta.

Y es que el punto crítico de esta reforma tributaria se reduce a buscar un equilibrio entre dos aspectos contrapuestos: mejorar los ingresos fiscales sin afectar mayormente el proceso de reactivación económica, el cual se ha visto afectado tras la crisis desatada por la covid-19. Esto significó una caída del 11% del PIB en el 2020, así como una pérdida de cerca de 600 mil empleos. Pese a que ahora se habla de una recuperación, la economía no ha vuelto ni siquiera a las cifras previas de la pandemia.

Y es que todo debería partir de un argumento básico de cómo entender el funcionamiento de la economía. La crisis que tenemos en Ecuador tiene que ver con la reducción sustancial de la demanda agregada. Para mejorar esta situación y reactivar la economía, en lugar de que el Estado meta la mano en el bolsillo del contribuyente, debería hacer todo lo contrario. Es decir, inyectar recursos en la economía a través de la reducción de impuestos, créditos bancarios a tasas más bajas (algo que se rehúsa a hacer el Presidente de la República por obvias razones), aumento de la inversión pública y privada, entre otros aspectos.

Por esta razón, la reforma tributaria, al menos en teoría, no debería tender a aumentar más los impuestos sino a reducirlos. Sin embargo, el Gobierno piensa lo contrario. El Ministro de Finanzas sostiene que el “gasto tributario” (ingresos que deja de percibir el Estado por deducciones o exenciones) ha aumentado y hay que reducirlo. En el 2018 fue de USD 5 765 millones, en el 2019 de USD 5 581 millones y en el 2020 de USD 4861 millones. De ahí que se hayan planteado recuperar la recaudación que se tenía antes del 2018.

Pero el problema de esta reforma radica mayormente en la base para el cobro del impuesto a la renta (IR) y la deducción de gastos personales, así como el impuesto especial al patrimonio y el incremento al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).

En unos casos afecta a sectores de mayores ingresos, pero debe analizarse con detenimiento para que esta reforma no afecte a los estratos medios de la población y que, de igual modo, no frene el proceso de recuperación de las empresas y de la economía, a las cuales afecta el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio.

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