Una de las prioridades que se ha fijado el presidente Guillermo Lasso durante los primeros meses de gobierno, a más del plan masivo de vacunación, son la reforma laboral y tributaria.
En estos días el ministro de Finanzas, Simón Cueva, ha comenzado a dar detalles de los aspectos centrales de esta reforma tributaria. Uno de ellos tiene que ver con la fijación de una nueva carga impositiva para las personas que ganan más de USD 1 000 al mes. Carga impositiva que, de acuerdo al Ministro, afectaría solamente al 4% de la población trabajadora.
Con ello, se obtendrían cerca de USD 700 millones para el fisco, dando así cumplimiento al acuerdo firmado en días pasados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, los USD 700 millones que se pretende obtener se quedan cortos con la dimensión del déficit fiscal para este año: USD 4 500 millones.
A este respecto, preocupan varios aspectos. El primero tiene que ver con el contenido de la reforma. ¿Se va a centrar solamente en este aspecto o se van a incluir de manera solapada otras fórmulas impositivas como la creación del impuesto al patrimonio (luego de la eliminación del impuesto a la herencia), la exención del IVA a productos de la canasta familiar como frutas, arroz, electricidad, etc.? ¿Se trata entonces de una versión ecuatoriana del paquetazo tributario que quiso imponer el presidente Duque en Colombia?
En segundo lugar, el Gobierno pretende vender la idea de esta reforma tributaria diciendo que solamente afectará al 4% de la población que tiene altos ingresos. Yo no creo que esto sea así. De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, quienes ganan más de USD 1 000 serían aproximadamente 306 mil personas del total de la Población Económicamente Activa (PEA), la cual se estima en cerca de 3 millones. Solo en el sector público hay cerca de 500 mil funcionarios, muchos de ellos con remuneración mayor a los USD 1 000 mensuales (de Servidor Público 4 en adelante). Por ello, me temo que el universo de la aplicación de esta contribución al ingreso es a un mayor número de personas y tiende a dar un duro golpe a la clase media asalariada.
En tercer lugar, el Gobierno y particularmente el Ministro de Finanzas parten, para esta reforma, de una visión errada de la economía. La solución del problema fiscal a través de la fijación de más impuestos no ayuda a la reactivación económica. El país atraviesa por una recesión económica, agravada por el covid-19, caracterizada por una caída del consumo, la inversión, del empleo y la producción de bienes y servicios. Entonces, en lugar de meter la mano en el bolsillo de la población hay que hacer todo lo contrario.
En cuarto lugar, hay otras medidas que, sin una reforma tributaria, podrían ayudar al aumento de los ingresos como es, por ejemplo, el cobro del IVA de manera generalizada.
En quinto lugar, esto va a tener un alto costo político. No solo porque no va a pasar por la Asamblea esta reforma sino por las acciones de protesta que esto va a ocasionar.