La campaña electoral ha empezado de manera no oficial, pero sí en la práctica de la política nacional. Lo cual, como sociedad, nos debe invitar a estar alerta a fin de no dejarnos llevar, influenciar o utilizar por las acciones y/u omisiones políticas – muchas veces con malas intenciones – de los distintos sectores y/o actores, ya sea su participación y/o influencia directa o indirecta.
La peculiar e “ingenua” – por decir lo menos – interpretación del CNE dada no mucho tiempo atrás, en el sentido de que, los controles de la presencia de las campañas electorales, incluido los gastos, realizados en redes sociales y plataformas digitales, aplicaría para los candidatos al CPCCS y no para el resto de candidaturas, incluidas la presidencia y vicepresidencia de la república, constituye una torpeza monumental, cuando hoy en día ya no sorprende, la enorme penetración e influencia de las distintas plataformas y medios digitales en la opinión pública y en el imaginario colectivo, dejando de lado y superando a los medios y sistemas de comunicación y propaganda tradicionales.
La lamentable “viveza política” consciente de la falta de control y de la alta eficacia de la comunicación en los medios digitales, ha venido burlándose descaradamente de los límites de campaña; y, el CNE, con dicha forzada y torpe “interpretación”, en vez de poner freno a esta mala y abusiva práctica, más bien le ha dado un espaldarazo, es decir, el mismo órgano estatal encargado del proceso de control electoral, haciéndose no solo de la vista gorda ante algo tan evidente, ha brindado expresamente luz verde, es decir, ha avalado algo que evidentemente resulta un abuso y que desnuda el poco sentido de respeto de algunas candidaturas al espíritu de la ley y al sentido común. Lo cual, también nos debe invitar a reflexionar en el sentido de que ¿cómo podríamos confiar en la seriedad de un candidato, si sus primeros actos de campaña se basan en burlar la ley?
Adicionalmente, algo que siendo totalmente incorrecto se ha vuelto casi normal por lo habitual, es la nefasta tarea de los troll centers, contratados y enfocados principalmente en llevar a cabo una de las más canallas tareas y acciones políticas, esto es, descalificar y desprestigiar utilizando como argumentos la exageración, la inexacta interpretación, la burla, la mentira, la mala intención, etc., todo lo cual realizado cobardemente desde el anonimato, la oscuridad y la falsedad, buscando vender la imagen de ser miles de usuarios cuando en realidad son pocos con muchas cuentas falsas, enfocados en desarrollar un ejército digital dentro de una guerra de imagen sucia y baja; todo lo cual alimentado y aprovechándose de una sociedad apurada, en la que la conducta de unos pocos influye en la de muchos, ya que prima en ella el seguimiento de manada y no la reflexión individual.
Estas prácticas (provengan de donde provengan) deben ser desterradas y sancionadas, no solamente por los órganos estatales a cargo, incluida la Fiscalía de ser el caso, sino también y sobre todo por la sociedad, no dando paso a estas malas acciones que no suman a la claridad y al buen criterio ciudadano y por consiguiente no apuntalan el apropiado desenvolvimiento democrático a efectos de que se den debidas reflexiones y por ende las mejores decisiones en momentos electorales.
No es difícil darse cuenta, cuáles son las reales intenciones detrás de dichas publicaciones y a quién o a quienes benefician; toda vez que, su utilización, a quienes más descalifican en verdad, es a quienes las utilizan.