El hallazgo de una avioneta estrellada en la costa manabita y su probable vinculación a las actividades delictivas del comercio de drogas, seguido por el descubrimiento de un laboratorio clandestino, también en Manabí, han llevado a la opinión pública a ocuparse de este tema que, en lo tocante al Ecuador, se vuelve cada día más inquietante.
No hace mucho, autorizadas voces nacionales alertaron acerca de la posibilidad de que el Ecuador se convierta en un “narco-estado”. Un argumento que parecería confirmar esos temores sería, sin duda, el hecho de haberse infiltrado ese negocio criminal hasta en la valija diplomática de la Cancillería.
Hay pues razones suficientes para inquietarse y reflexionar. Algunos analistas aducen que nuestro país está sufriendo las consecuencias del recrudecimiento internacional del tráfico ilícito, pero que la situación no es dramática porque en el Ecuador no se cultivan las plantas de las que se extrae la droga, que el lavado de dinero se realiza en volúmenes relativamente limitados y que la violencia causada por la droga es mucho menor que la producida por la delincuencia común. Todos reconocen que el Ecuador es un país de tránsito de la droga.
En la última Cumbre de las Américas este tema tuvo una importancia crucial. Si bien no se llegó a un acuerdo, se encomendó a la OEA analizar los resultados de la actual política y “explorar nuevos enfoques, más económicos y más efectivos”. Es verdad que ha tomado fuerza la opinión de quienes subrayan que la persecución y penalización de la droga no ha dado los resultados esperados, a pesar de los ingentes capitales gastados en esta campaña sobre todo por parte de la más grande potencia mundial. Se sugiere, en consecuencia, una revisión profunda y sustantiva de los principios filosóficos y políticos que han fundamentado hasta ahora la lucha contra este flagelo, que debe ser tratado como un tema de salud individual y social, lo cual volvería indispensable su despenalización.
Es hora de que el Gobierno organice el más amplio examen público de esta delicada materia. Sin perjuicio de todos los argumentos que sugieren una revisión integral de las políticas antidrogas, habrá que tener en cuenta los efectos éticos, biológicos y hereditarios del uso de la droga. Además, no cabe dejar de lado que este negocio criminal es una cadena que existe porque cada uno de los eslabones que lo componen cooperan para tal efecto.
El país que, movido por el superficial deseo de liderar una nueva tendencia resuelva “dar el ejemplo” y despenalizar la droga, condenará a su población a las infernales consecuencias derivadas de convertirse en un “paraíso para el consumidor”. En esta materia se requieren acuerdos y políticas multilaterales.