Al comentar el 1 de marzo del 2013 sobre el proceso electoral de febrero, expresé: “Al siglo XXI, al ritmo de la tecnología audiovisual y de escrutinios, se ratifica la necesidad de eliminar la independencia legislativa y también judicial, a la par que tienden a suprimir la libertad de prensa, encubriéndola con nuevos medios públicos. Y, como todo populismo, se vislumbra una Reelección Indefinida”.
El pronóstico se ha confirmado, porque desde la Presidencia de la Asamblea y del vocero político de Alianza País hay esa propuesta. Primero, fue la urgencia de expedir la Ley de Comunicación, le sigue el Código Penal para configurar como delito ese control informativo y de opinión. Esta Ley viola el numeral 6 del art. 66 de la Constitución, porque a más de crear entes burocráticos como el Consejo Regulador y una Superintendencia, configuran una censura a opiniones contrarias al pensamiento oficial que tienen los medios independientes.
También comenté que aquel triunfalismo confirmó que tiene respaldo electoral, pero no del 57%, al derrotar en primera vuelta a movimientos y partidos, por las cifras siguientes: 12% de votos en blanco, ausentismo del 20%, ese 32 % de votos está fuera del correísmo que sumado al 24% de Guillermo Lasso, y el 15% de las otras seis candidaturas totalizan 71% que dejan al reelecto Correa en 29%.
Ahora bien, situemos el análisis de la reelección en las tesis doctrinarias sólidas vigentes en los Estados democráticos modernos. La columna es el principio de la separación de poderes, distribuidas en funciones independientes ejercidas a través de órganos que impiden constituir un poder absoluto. Esas doctrinas, ya centenarias, han fortalecido Estados democráticos en Europa, Estados Unidos, Inglaterra y en América Latina, a excepción de tres o cuatro. Sus autores fueron el inglés John Locke y el francés Montesquieu.
La Constitución de Montecristi determina la forma de gobierno republicano, y el art. 144 señala que el Presidente de la República permanecerá cuatro años en sus funciones, y podrá ser reelecto por una sola vez. Este mandato está ratificando el principio de alternancia presidencial, no coartando la posibilidad de que cualquier partido político trunque sus programas, sino que estos se ejerzan por otra persona del seno de dicha corriente. No se puede reformar ese principio básico, peor intentar someterlo a referéndum.
Lo contrario nos conduce irremediablemente a formas dictatoriales de ejercicio del poder, y los países que lo practican están a la luz pública. Las décadas que cubren espacios sobre 54 años como en la cercana Cuba o la lejana Corea con 64 años, demuestran saldos negativos.
Por último, tampoco habría que situar la tesis de reelección indefinida para otras elecciones como alcaldes, prefectos, presidentes parroquiales y más representaciones de menor jerarquía.