Hace pocas semanas atrás los representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales se movilizaron para reclamar al gobierno nacional por la reducción de las asignaciones presupuestarias.
La gran preocupación de las autoridades locales ha sido que buena parte de las obras y servicios que prestan puedan suspenderse temporalmente por la falta de recursos. Con la entrada en vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) en octubre del 2010, los GAD tienen derecho al 21% de los ingresos permanentes que recibe el Estado (del cobro de impuestos) y al 10% de los ingresos no permanentes (del petróleo).
Con la agudización de la crisis económica por causa del covid-19, los montos provenientes del cobro de impuestos y de las exportaciones de petróleo se redujeron sustancialmente. Por consiguiente, no es que el gobierno central se haya rehusado a hacer las transferencias que de por ley les corresponde a los GAD sino que simplemente no ha habido recursos para repartir. Durante el 2020 el Estado ecuatoriano dejó de recibir cerca de 8000 millones de dólares. En este contexto, el gobierno ha dicho que no puede repartir lo que no existe.
El problema es que los GAD (prefecturas, municipios y juntas parroquiales) se acostumbraron a funcionar en condiciones de abundancia. En lugar de generar recursos propios, muchos optaron por la vía más cómoda: esperar que le caigan recursos del gobierno central.
Incluso en buena parte de las actuales administraciones locales ha aumentado el porcentaje destinado al pago de sueldos y salarios. En la mayoría de los 221 municipios del país se destina cerca del 70% del presupuesto a gasto corriente y apenas el 30% para inversión y obras. Alcaldías convertidas en agencias de empleo.
Es imperioso que las autoridades subnacionales tomen cartas en el asunto y comiencen a reducir gastos y aumentar los ingresos. El Cootad faculta a los municipios el cobro de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras. Sin embargo, esto no se aplica debido a que es visto como impopular. La demagogia elevada a su enésima potencia. Es que es más fácil recibir recursos del gobierno central.
Por ejemplo, las tasas que se cobran por trámites internos no tienen un estudio de costos. Se hace al ojo y basado en una ordenanza donde a algún funcionario se le ocurrió el valor a cobrar. Lo mismo sucede con los servicios públicos como agua potable, recolección y disposición final de la basura, revisión técnica vehicular, registro de la propiedad, etc. Buena parte del exceso de personal podría ser resuelto delegando la prestación de ciertos servicios al sector privado.
Es necesario que la gestión de los GAD se haga ahora sobre la base de esta nueva realidad (covid-19). Se debería procurar que buena parte de los trámites y pagos se hagan en línea y que la gestión municipal se haga bajo indicadores de transparencia, eficiencia, efectividad y el cumplimiento de metas.