El adjetivo es pomposo y para las nuevas generaciones hasta ridículo o chistoso, pero corresponde a la tradición universitaria. Hay el registro de un Decreto Real en la España de 1931 que, siguiendo la tradición cortesana, pretendió resaltar no solo la figura del rector sino también la magnificencia de sus funciones dentro de claustro universitario. Una situación que viene a la memoria al estudiar el veto presidencial al proyecto de Ley de Educación Superior que fue aprobado por la mayoría oficialista de Alianza País y vetada radicalmente por la Presidencia de la República. Evidencia de una descoordinación, a pesar de las reuniones que celebran el Ejecutivo y los parlamentarios de Alianza País en los hoteles de la capital.
El esquema de un rígido y autoritario control no varía en la dinámica oficial que, por lo menos en materia de Educación Superior, no es negociable al decir del Asesor Jurídico de la Presidencia. Lo mismo sucede con el Consejo de Comunicación e Información o con la Secretaría de Aguas en el caso de la administración de los recursos hídricos en materia. En el caso de la universidad ecuatoriana, el nombre alcanza la plenitud: “Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación”.
Se trata de un modelo de gobierno más estatista que socialista, el mismo que asegura para los administradores del poder el control de l os ámbitos más importantes de la vida nacional. Sin embargo, en materia de la legislación universitaria que estaría a punto convertirse en ley, el núcleo – la peculiar y absolutista Secretaría- es frontalmente inconstitucional.
En efecto cuando la Constitución se refiere al ‘sistema’ de educación superior, el artículo 352 establece que estará integrado por universidades, institutos politécnicos y más organismos del campo académico superior el país. Esta modalidad integradora se reproduce, asegurando el control gubernamental, en el Consejo Nacional de Educación y en el de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de Calidad. En ellos están presentes delegados escogidos por la Presidencia en forma mayoritaria, pero también delegados de las universidades que, en las actuales circunstancias políticas, difícilmente serán independientes; sin embargo, formalmente están presentes las dos partes del sistema. Sin embargo, esta integración colegiada sufre una violenta ruptura, cuando en el veto presidencial, con las facultades que estaría dotada se determina la ‘Secretaría’, estaría bajo el mando de un Jefe Supremo que por tal motivo ocuparía el sillón de un auténtico Rector Magnífico.
La parte más traumática consiste en que la Secretaría, rectora de la universidad, será dirigida por un solo funcionario de nombramiento del Presidente de la República. Lo curioso o folclórico es que algunos miembros de la academia universitaria ecuatoriana están de acuerdo o no han reparado en las facultades directas e indirectas de esta entidad .