Rodó la cabeza de Benjamín Cevallos, presidente del Consejo de la Judicatura, obsecuente y sumiso, en la designación y direccionamiento de jueces suplentes, por cerca de dos años.
No hubo interés del Gobierno en reemplazar oportunamente al Consejo de la Judicatura, proceso que debió cumplirse desde el primer semestre del 2009 (art.20 del régimen de transición promulgado con la Constitución).
Ante el riesgo de concursos públicos no necesariamente confiables, pero por lo menos con la posibilidad de oposición de sectores de la ciudadanía que se ha producido en la mayoría de los concursos manejados por el Consejo de Participación, insensible éste a cuestionamientos que en algunos casos constituyen vetos éticos a los direccionados para ser ungidos, porque ha privilegiado coincidir con la voluntad del gobernante y su entorno, el presidente Correa optó por eliminar el concurso para reemplazar al Consejo de la Judicatura; y, en su reemplazo, formar “uno de transición” por dos años de tres personas que en su fuente de designación respondan al poder constituido: tres personas diferentes, pero un solo gobernante verdadero. El pretexto fue la seguridad pública cuya afectación no sólo es medible por estadísticas de denuncias en las fiscalías, ya que un número importante de ciudadanos, cuando los hechos no trascienden sin la voluntad de la víctima o de la familia, prefieren no denunciar ante los riesgos que puede generar, en el imperio de hampa, mafia y sicariato.
En la realidad, toda la trama de la consulta del 7 de mayo del 2011, incluyendo acciones ilícitas, se orientaron al control de la justicia -que se profundiza con el Consejo de la Judicatura de transición- y a la posibilidad de perseguir a los contradictores del gobernante y su entorno.
Faltan solo días para que los actuales miembros del Consejo de la Judicatura se vayan a su casa, pero Cevallos, despreciado por Correa, decidió no ser sumiso –quizá por primera vez- y ante lo que estimó ilícita integración ad-hoc del Tribunal de Garantías Penales que condenó al Jefe de la Escolta Legislativa y a compañeros de la Escolta, por hechos de la mañana del 30 de septiembre, suspendió a los jueces responsables de tal integración. En horas, Correa lo juzgó y lo condenó en la sabatina del 2 de julio. En la madrugada del 4 de julio, rodó la cabeza de Cevallos, tras haberse levantado la suspensión por él ordenada.
Sin los excesos de lo sucedido con Cevallos, en pocos días se irá a su casa el fiscal Washington Pesántez. Colocó en el limbo decenas de casos de ilícitos del entorno del Presidente, parece que recientemente quiso activar algunos, pero ya no tiene tiempo ni poder real para hacerlo. Está de ida.
La frase aquélla -figurada para las circunstancias- de cómo el diablo paga a sus devotos, nunca debe olvidarse.