¿Recentralizar a la carta?
La semana pasada quedaron listas las propuestas de reforma que el oficialismo quiere hacer a la Constitución de la República. Una de estas tiene que ver con el cambio del art. 264, específicamente en lo atinente a la competencia de planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación.
La idea es que esta competencia ya no sea una atribución de los municipios sino del Gobierno central. Si esta propuesta progresa y es finalmente aprobada, lo que se haría es dar un paso atrás en términos de descentralización y autonomía, algo que se ha avanzado de manera significativa en los últimos años.
Uno de los objetivos de la Constitución de la República, así como del Cootad, fue promover una nueva reorganización territorial del Estado que refuerce la autonomía territorial, impulse la descentralización y fortalezca la democratización en los diferentes niveles de gobierno. Uno de esos instrumentos fue la transferencia paulatina e irreversible de competencias desde el Gobierno central a los gobiernos subnacionales.
Con la reforma que ahora se quiere hacer en la competencia de construcción y mantenimiento de la infraestructura de salud y educación, se estaría favoreciendo el centralismo y reviviendo experiencias negativas a nivel local de abandono, atraso, subdesarrollo y desequilibrios regionales. Si no es así, el Gobierno debería justificar las razones por las cuales quita estas atribuciones a los municipios.
Es cierto que esta competencia en infraestructura de salud y educación ha sido ejercida de manera limitada por los municipios del país. Sin embargo, esto no debería ser motivo para quitar competencias a los municipios sino para fortalecerlos institucionalmente y hacer de estos agentes claves de gestión en sus territorios.
Tengo la impresión de que el Gobierno, consciente o inconscientemente, está haciendo algo parecido a lo que criticaba antes de los municipios: la descentralización a la carta. Esto consistía en solicitar de parte de los municipios al Gobierno central la transferencia de competencias que únicamente eran de su conveniencia. Me inclino a pensar que esta reforma de limitar a los municipios su capacidad de ejercer la competencia en salud y educación es una “recentralización a la carta”.
No obstante, lo que me preocupa más no es tanto la actitud del Gobierno central sino de las propias autoridades de los GAD: silencio absoluto cuando les quitan la competencia de educación y salud, y sonoras quejas cuando sienten que la competencia de uso y ocupación del suelo se verá afectada con el nuevo proyecto de ordenamiento territorial. ¿De qué se quejan si esta, como otras competencias, nunca la han ejercido a cabalidad? ¿Por qué no defienden, entonces, el ejercicio de la competencia de salud y educación?
