Luego de la exitosa campaña de vacunación, el Gobierno habla de un inicio de la reactivación económica. Su evidencia son seis indicadores: incremento de ventas de las empresas, mayor recaudación del IVA, ligero crecimiento de la inflación, aumento del empleo formal, alza de las exportaciones no petroleras y un ligero descenso en la tasa de interés activa.
Habría que aclarar que las exportaciones no petroleras dependen de la reactivación de otras economías. Sin embargo, la masiva vacunación en el país, desde junio pasado, sí crea un mejor escenario para que los negocios vuelvan a operar con relativa normalidad. La proyección de crecimiento para este año es del 3% y para el próximo es 3,5%.
Aunque unos prefieren hablar de recuperación en lugar de reactivación, lo importante es que la economía ecuatoriana crezca sostenidamente, con equidad y que en ese camino se generen empleos de calidad.
Después de la profunda contracción económica del 2020, que profundizó la pobreza y amplió las brechas sociales, lo más sensato es que la reactivación económica tenga como foco principal la equidad. No hacerlo implica repetir errores que aumentarán el malestar social en el corto plazo.
Ahora, la crisis del 2020 no solo evidenció la debilidad del sistema sanitario o la incapacidad del Estado para apoyar a personas y empresa, ya que no contaba con ahorros. También evidenció las grandes brechas de ingresos en la población y una carga excesiva de la crisis en personas de bajos ingresos.
A escala mundial ya se conocía que los más afectados en la pandemia han sido mujeres, jóvenes y quienes trabajan en la informalidad. En Ecuador, ahora se sabe que la pandemia redujo el ingreso de los más pobres en un 35%, mientras que ese golpe en las personas de mayores ingresos fue de un 8%, según la información oficial.
Lo anterior es fundamental a la hora de identificar quién debe pagar la factura de la pandemia. Para el Gobierno, el 4% de las personas de mayores ingresos debe hacerlo y eso se reflejará en la reforma tributaria que llegará este mes a la Asamblea.
Menos exenciones e impuestos focalizados para ese grupo de personas pueden rendir alrededor de USD 800 millones anuales. No parece mucho dinero frente a las necesidades fiscales, pero es un primer paso.
La focalización del subsidio a los combustibles también ayuda a reducir las inequidades, ya que el Estado ha venido subsidiando a las personas de mayores ingresos con los recursos de toda la población.
En medio de la crisis, nadie estará en contra de destinar mayores recursos públicos para asistir a las familias vulnerables. Pero eso implica que el fisco debe contar con mayores recursos para atenderlos, los cuales deben provenir de los impuestos.
Del otro lado, también es necesario mejorar la calidad del gasto público, porque gran parte de ese gasto se va a salud y educación, demandados principalmente por personas de menores recursos. Y se ha demostrado que la educación es la mejor herramienta para reducir las desigualdades.