Una declaración del Director Jurídico de la Presidencia, en relación con la denuncia de doce tratados bilaterales sobre inversión con varios países, dio la pista, en el sentido de que el Presidente saliente “ayudará” al próximo Presidente tomando decisiones que a un gobernante entrante le sería difícil o se demoraría en tomar. Saltan las preguntas, ¿cuáles serían?, ¿cuán indispensables las urgencias de las decisiones que se tomen?, ¿estará de acuerdo el próximo gobernante en la decisión, de lo que le dejen decidiendo?, ¿o será para él una camisa de fuerza?
En lo de los tratados bilaterales, su eliminación estuvo en carpeta desde el 2013, pero se suponía que no se ejecutaba, porque primero se negociaría el nuevo marco jurídico que no desestimule la inversión extranjera. De ida se toma la decisión a raja tabla, sin que esté preparado ese nuevo marco jurídico. ¿Será que había temor que Lenin Moreno se tome un tiempo adicional?
Al próximo Presidente la negociación se le endurece.
El argumento: antes del 2007, el Ecuador se había bajado los pantalones aceptando jurisdicción extraña a la nacional para litigios sobre inversiones extranjeras privadas, porque la jurisdicción debe ser sólo de los jueces ecuatorianos. Pregunto, ¿la justicia ecuatoriana, en el exterior se percibirá independiente en relación con el gobierno, por lo tanto estimulará la inversión extranjera?
Otro tema, es el de la creación apresurada del Servicio de Protección Pública (SPP) como entidad de la fuerza pública, cuando la Constitución establece que privativamente ésta sólo se integra de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Se ha tomado en cuenta a los mandos de unas y otra, instituciones profesionales y jerarquizadas, para una decisión de esa importancia?, ¿o se la quiere imponer abusando de la repetida frase de que las instituciones de la Fuerza Pública deben ser obedientes y no deliberantes?. Yo reclamo respeto para las Fuerzas Armadas y la Policía.
La historia de cuerpos civiles de protección –que a pretexto de tales, se usan para la represión- fuera de la institucionalidad de la Fuerza Pública, ha sido nefasta.
La violencia en Venezuela, protagonizada por pistoleros a la orden de Maduro, es lo más reciente.
Y si se toma la decisión más audaz, la de la “circulación de moneda electrónica respaldada por activos líquidos del Banco Central del Ecuador” –que no necesariamente le pertenecen al Gobierno central sino privativamente a los depositantes de los bancos privados, en el caso del encaje bancario, y/o a otras entidades-, “moneda electrónica” atípica que nada tiene que hacer con la que existe en otros países, en cuanto a la fuente, para pagar a proveedores, se podría afectar gravemente a la dolarización.
lroldos@elcomercio.org