Sí, quisiera creer las versiones oficiales. Primero, como ecuatoriano convencido que un buen gobierno a todos nos hace bien y un mal gobierno a todos termina perjudicando, porque incluso los que se benefician de la corrupción algún rato serán identificados. Y segundo, por el Presidente a cuya familia conozco desde antes que él naciera. Trabajé años -1961 en adelante, por etapas, con su abuela Sarita-, fui compañero de trabajo en la Municipalidad de Guayaquil, con su padre -1964/1965, conocí los dramas de su familia. Luego, muchas veces, conversé con su padre, y a Rafael –en particular- lo vi desde la infancia y lo traté desde su juventud, con su curiosidad para investigar, sus iracundias y otras actitudes que lo han caracterizado.
Pero se vuelve muy difícil creerles, porque la prédica se distancia de la práctica.
Un ejemplo: la tacha del Presidente y su entorno contra tráficos de influencia, las compañías de papel, las oficinas en paraísos tributarios, los contratos simulados de consultorías, los sobreprecios. Y de lo poco que se conoce de la contratación pública de años recientes, a pesar del secretismo de las instancias del poder, todo eso se viene produciendo.
Frase impactante fue la del Presidente, el lunes 11 de abril, que fue publicada en varios medios: “Exijamos toda la información. La lucha selectiva contra la corrupción solo es más corrupción”.
Que se pase a la práctica: que la Procuraduría y las entidades de gobierno desnuden toda la contratación pública –incluyendo lo precontractual- y la identificación de los tramitadores, que la Contraloría publique todas las glosas y que los indicios de responsabilidad penal se confirmen o desvanezcan en un plazo perentorio.
Días atrás se publicitaba que ya había reactivación porque los depósitos en el sistema estaban creciendo. Y no precisaron que esto aparece en la cifra global por los saldos de un banco en particular, recaudador y pagador de cuentas públicas, siendo que la economía y las fuentes de trabajo siguen muy afectadas por la morosidad generalizada, y que el sector público es el más moroso en el Ecuador.
El no pago de obligaciones del sector público constituye el caldo de cultivo de más corrupción.
Por eso, no se cree que por una resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera está asegurado que la billetera y el dinero electrónico, de manejo privativo del Banco Central del Ecuador, siempre tengan el respaldo de liquidez en dólares reales u oro, porque esa resolución en cualquier momento la podrían cambiar. Si le privaron al IESS del aporte del 40% de las pensiones jubilares, que por décadas ha estado en la Ley y se han hecho otras reformas a solo voluntad del gobernante, ¿por qué creerles que no van a reformar lo del respaldo del dinero electrónico, que ni siquiera consta en una ley?.