Juan Cuvi

Quimsacocha

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Lunes 24 de octubre 2011
24 de October de 2011 00:06

Así se llama el páramo donde se origina la cuenca del río Yanuncay, que abastece de agua potable a un tercio de la ciudad de Cuenca. Se trata del típico ecosistema andino formado por humedales y lagunas (significa Tres Lagunas en kichwa).

En el Registro Oficial 084, del 19 de mayo de 2003, consta una reforma a la ordenanza del Municipio de Cuenca que sanciona el plan de ordenamiento territorial del cantón. En el artículo 77, que se refiere a la protección de las cuencas de los ríos Tomebamba y Yanuncay, se plantea, entre otros puntos, la prohibición de toda forma de actuación antrópica que conlleve a la alteración del medio físico natural. Adicionalmente, se declara la incompatibilidad expresa de las explotaciones mineras en la zona y, por si fuera poco, se exige a los responsables de aquellas explotaciones vigentes la aplicación de planes de restauración que retrotraigan los suelos a sus condiciones iniciales. La ordenanza está suscrita por Doris Solís (con s) Carrión en su calidad de vicepresidenta del Concejo Cantonal.

El 12 de octubre de 2011 se publicó un remitido de varios ministros de Estado en el cual se aboga abiertamente por la explotación minera en el cantón Cuenca y, de paso, se rechaza la moratoria minera declarada por el Cabildo el 2 de octubre anterior. Entre otros puntos, el remitido de marras garantiza, a nombre del Gobierno Nacional, “los enormes beneficios que, en materia de regalías, les corresponderá a los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Azuay en caso de desarrollarse los proyectos mineros”. En esta publicación consta el nombre de Doris Soliz (esta vez con z) Carrión en calidad de Ministra Coordinadora de la Política.

Estamos frente al gran salto de la utopía ecológica a la contabilidad minera.

Qué resortes ideológicos, sociológicos o emocionales se activaron para provocar un cambio tan drástico solo puede explicarse desde la lógica utilitaria del poder político. De ese mismo poder que, luego de la consulta comunitaria en Tarqui y Victoria del Portete, quiere arrastrar el debate hacia los terrenos de las competencias administrativas y de la formalidad jurídica. Es la pretensión de circunvalar los predios más complicados de la democracia, a los cuales realmente corresponde el tema. Porque más que la disposición de recursos financieros para el Estado, o que la ferviente aplicación de la normativa electoral para la consulta, lo que está en discusión es el miedo atávico de todo poder burocrático a la democracia; es decir, a la posibilidad de transferir a la gente común y corriente el poder de decisión. Hoy, desde las alturas, se busca descalificar y desconocer un ejercicio esencial de esa misma democracia participativa que inspiró las actuales demandas populares de cambio.