El nuevo marco legal en México para la industria petrolera no profundiza el control del uso de químicos nocivos en la extracción de los hidrocarburos no convencionales, lo que hace temer a ambientalistas y expertos sobre el incremento de su consumo en una industria en apertura
al capital privado.
Con la reforma energética “se va a agudizar el uso de químicos. Las nuevas leyes no lo abordan. Necesitamos saber qué se utiliza, porque si no, no conocemos las consecuencias. Por eso, queremos que se prohíba el ‘fracking’(fractura hidráulica)”, señaló la activista Claudia Campero, de Planeta Azul.
Un paquete de nueve iniciativas que incluyen el establecimiento de ocho nuevas leyes y reformas a otras 12 sobre hidrocarburos, agua, electricidad y fondos petroleros llegaron esta última semana de junio al plenario del Senado, tras ser discutida por su Comisión de Energía.
El análisis de proyectos de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), junto con reportes del Congreso de EE.UU. y de la industria petrolera local, permiten dimensionar la utilización de químicos en la extracción de gas de esquisto o de lutitas. Las perforaciones para obtener hidrocarburos incrustados en rocas subterráneas utilizan el método de fractura hidráulica, conocido también por el término inglés ‘fracking’, para así liberarlos a gran escala.
Ese proceso y la recuperación del gas exigen grandes volúmenes de agua y químicos, algunos nocivos. Además, la excavación y la fractura horizontal generan residuos líquidos, que pueden contener químicos disueltos y otros contaminantes que requieren tratamiento antes de ser eliminados.
Son desechos calificados como peligrosos por las propias regulaciones mexicanas y se componen principalmente de diésel, barita y bentonita, un coctel tóxico para la salud humana y para el ambiente.
En marzo, Pemex presentó el estudio de impacto ambiental de este proyecto ante la Secretaría de Medioambiente, pero lo retiró en mayo debido a que afectaba áreas naturales en Puebla. Se prevé que lo reintroduzca con una extensión geográfica más limitada.
El consorcio ha perforado 18 pozos de gas de esquisto, de los cuales cinco están por cerrar su fase exploratoria, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Pemex proyecta para los próximos 50 años operar 6 500 pozos a escala comercial, pero la explotación de gas de esquisto podría quedar en manos privadas debido a la reforma energética.
Los contratistas de Pemex deben presentar a la CNH un plan de manejo del pozo, con especificaciones que los operadores deben cumplir en esos temas.
“Hay muchos químicos que no han sido probados, más los nuevos que se desarrollan. Las empresas utilizan el secreto industrial como escudo para ocultar información”, denunció Claudia Campero.