
Los países no quiebran, por barbaridades que se hagan, a menos que quiebre su sistema de seguridad social. Todos los informes actuariales confirman la fragilidad financiera del Fondo de Pensiones del IESS. El último, conocido a fines del 2019, señala que si el Gobierno deja de trasladar el 40% de las contribuciones a las pensiones, en tres años más se volvería a utilizar la reserva para atender su pago. Es decir, se descapitalizaría más el Fondo, camino que se inició cuando con tanta irresponsabilidad como ignorancia, confundiendo liquidez con solvencia, se eliminó esa obligación, restituida por sentencia de la Corte Constitucional. Aun cuando el Gobierno cumpla con el aporte, el problema se traslada al año 2053, 33 años más.
Los Fondos de Pensiones se financian con el aporte de los afiliados activos. Hoy hay una relación de ocho aportantes por cada jubilado. Pero después de 40 años habrán poco más de dos aportantes por jubilado, lo que aumentaría la situación de desamparo que ya se produjo con la dolarización, en que las pensiones se diluyeron dramáticamente para 25 000 que fue la tasa de conversión adoptada. Jubilados que en virtud de esa realidad reciben pensiones inferiores a USD 40 son muchos. También la desacertada conducción del Instituto es una causa de la crisis. Incrementaron de 16 000 empleados en 2006, a 38 000 en 2019: a más del costo, no hay peor enemigo de la eficiencia que el exceso de personal, problema que debe afrontarse dentro de las medidas indispensables.
También es una realidad que la esperanza de vida ha aumentado y que la edad de jubilación se mantiene en 60 años, aumentando las obligaciones del IESS. Sin que sea exactamente el caso, hay que recordar que Uruguay afrontó el colapso de su economía por los excesos insostenibles de la protección: la jubilación era obligatoria a los 50 años. Y aquí se extendió la atención a los familiares de los afiliados sin aporte adicional. Y se trasladaron recursos del Fondo de Pensiones al de Salud, que no podía atender sus obligaciones.
Las deficiencias administrativas y contables hacen que nadie sepa cual es el saldo deudor del Ministerio de Salud por atenciones catastróficas y derivadas: llevan años reconciliando cuentas.
La ola de corrupción es corolario de la eliminación de la Oficina de Intervención, cuya misión era vigilar los procesos. Hay una enorme mora patronal y multitud de abogados internos y externos, sin resultados. Se sugiere sacar al Estado de su directorio, olvidando que es el mayor aportante y que el volumen de recursos del IESS impacta de tal modo en la economía, que coordinar acciones es indispensable. Lo que se requiere, para el IESS, Issfa e Isspol es conciencia de la gravedad del problema, decisión política para solucionarlo y limpieza en sus propósitos y conducción. De no hacerse ya, puede quebrar el país.