En enero el gobierno amplió la Reserva Marina de Galápagos y hace pocos días anunció la creación del Centro Nacional de Recursos Genéticos, con Corea del Sur. Sin embargo, no existen documentos públicos que expliquen el alcance de estos proyectos, más allá de escuetas notas de prensa.
Cabe preguntarse si se han superados los problemas que la Dirección del Parque Nacional Galápagos declaraba en su plan operativo 2012-2016 respecto a “una considerable falta de información sobre procesos ecológicos y socioculturales esenciales para la toma de decisiones técnicas, informada desde la investigación, capaces de contrarrestar presiones políticas.”
El tema genera mayor preocupación cuando Arturo Villavicencio –único ecuatoriano candidato al premio Nobel– evidencia en su último libro que las políticas ambientales del Estado están bajo influencia directa de organismos y ONG internacionales, por lo que han priorizado la mercantilización de la naturaleza y la venta de servicios ecosistémicos, mientras enmascaran la contaminación y el agotamiento de recursos.
También el biólogo Alfredo Luna, hace ya casi una década, denunció que el Memorando de Entendimiento firmado por el Estado ecuatoriano y Conservation International (financiada por multinacionales como Chevron, Monsanto y Coca Cola) entregó de manera ilegal a esa ONG el desarrollo de la Estrategia Nacional del Cambio Climático, la Estrategia Nacional REDD+ y otros instrumentos de planificación, además de otras irregularidades. No obstante, la ONG sigue operando en Galápagos y el resto del país.
Es imperativo cuestionarse ¿cuál es el contenido de los decretos y convenios? ¿Solo es un canje de deuda o implica el ingreso de Galápagos al mercado de carbono? ¿Qué regulaciones tendrán las investigaciones sobre la biodiversidad? Respuestas que el gobierno debe darantes de la ejecución de acuerdos sobre bienes comunes que no le pertenecen sino que solo está encargado de administrar.