Miguel Macías

Proyectos preocupantes

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Jueves 11 de agosto 2011
11 de August de 2011 00:01

Gran preocupación causa el proyecto de Ley de Comunicación que reposa en la Asamblea Nacional, mediante el cual se pretende crear un ente regulador en manos del Estado, para controlar los contenidos de los medios de comunicación colectiva. En mi opinión este organismo tiene que ser independiente; los medios deben autorregularse por sí mismos mediante un código de ética.

La normativa internacional está en contra de que el Estado controle a los medios de comunicación.

A pretexto de controlar la competencia y regular los monopolios, mediante el proyecto de Ley Orgánica de la Competencia, Control y Regulación de los Monopolios, se podrían controlar los precios de ciertos productos y sancionar la posición dominante en el mercado de ciertas empresas.

Otro proyecto de ley preocupante, es el de Transparencia del Patrimonio Privado, presentado por la Dra. Silvia Salgado, mediante el cual se reforman varios artículos del Código Penal, y se establece como delito el enriquecimiento privado no justificado.

Incurre en ese delito, quien dolosamente hubiere obtenido para sí o para otro, un incremento de su patrimonio originado en cualquier clase de actividad ilícita.

Si bien uno puede estar de acuerdo o no con esa definición, lo que a mí me parece inaceptable es que el mero hecho de no presentar la correspondiente declaración patrimonial, en el plazo señalado por el SRI, constituya indicio de enriquecimiento privado no justificado y que por ende cualquier persona pueda ser demandada por ello e inclusive, enviada a la cárcel, hasta por 9 años.

Existe un cuarto proyecto de ley tan preocupante como los anteriores, presentado por María Alejandra Vicuña, mediante el cual se reforma el Código Penal y la ley que regula las declaraciones patrimoniales juramentadas, donde se tipifica como delito autónomo el enriquecimiento privado no justificado.

Al contrario de la definición constante en el proyecto de ley de transparencia de patrimonio privado, en este último se define al enriquecimiento ilícito privado como “el incremento injustificado del patrimonio de una persona generado por actos prohibidos por las leyes, y que, en consecuencia, no pueda deducirse como el resultado de ingresos legalmente percibidos”.

Preocupa muchísimo que en éste, la renuencia a presentar la información solicitada por la Fiscalía para determinar la existencia del delito, haga presumir su cometimiento, siempre y cuando ese incremento supere el monto equivalente a 150 remuneraciones básicas unificadas.

Se aclara en ese proyecto de ley que “la presunción de que el incremento patrimonial deviene de actos no permitidos por las leyes, no puede basarse únicamente en dicho incremento; debe estar acompañada de otros indicios de que el mismo se ha producido por la percepción de ingresos ilegales”, lo cual es razonable.