Rodrigo Albuja Chaves
“Sin crecimiento económico no hay reactivación económica ni creación de empleo” es el pensamiento que sustenta actualmente las propuestas para enfrentar la crisis de la economía nacional. El crecimiento se ha convertido así en la primera condición para alcanzar el progreso y el país se ha encapsulado en esa corriente por los académicos llamada “economicismo”. Su leitmotiv es el incremento de un indicador económico, el Producto Interno Bruto o la cantidad de riqueza producida por el conjunto de sectores de la economía monetaria.
Pero el crecimiento del PIB no refleja la evolución de las desigualdades, a tal punto que se puede obtener un buen crecimiento que beneficie a un pequeño porcentaje de la población. No informa, tampoco, sobre la degradación de los patrimonios ambientales, pues no contabiliza lo que la humanidad pierde en riquezas no monetarias durante esa destrucción, o de su utilización muy por encima de su capacidad de reproducción. Variables como la pobreza, la esperanza de vida, el acceso a la educación, la desigualdad de ingresos, las desigualdades de género , la seguridad social, el empleo, no resultan ipso facto de la riqueza y del crecimiento.
Con el sustento de esa corriente, el país se dirige a cumplir con los compromisos adquiridos frente al Fondo Monetario Internacional. Esta es la hoja de ruta que impera en la conducción económica, matizada con varios proyectos para atender necesidades puntuales. No hay una estrategia clara de desarrollo; no se avizora el horizonte al cual debe dirigirse el país. Se avecina así el reto para enfrentar las consecuencias de las medidas tomadas: pago de una nueva deuda, incremento del desempleo, exiguo crecimiento económico, debilitamiento de la capacidad y potestad constitucional del Estado para planificar y orientar la conducción económica.
Las recetas del pensamiento oficial –el “inevitable ajuste”- deben ser enfrentadas con propuestas viables que no endosen el peso de la crisis a los más pobres. El nuevo reto es revitalizar la capacidad para construir un proyecto nacional que enfrente los problemas económicos actuales y previsibles, y oriente sobre los objetivos de desarrollo adecuados a nuestra realidad. Existe la capacidad para emprender ese gran esfuerzo, quizás con el aporte de las universidades para liderar un inmediato proceso abierto de discusión y análisis que desemboque en una propuesta viable y propia. En ese esfuerzo deben intervenir los diferentes sectores y agentes económicos, empresarios, trabajadores, la academia, los centros de investigación. Cabe aquí seguir al pensador francés Paul Valery, con su propuesta de hacer “el balance de la inteligencia” cuando se trata de descubrir a profundidad el estado de cosas en un problema social. No es un proceso fácil pero la necesidad es tan grande como un asunto vital para el país.