El próximo 13 de diciembre una voz ciudadana irrumpirá en el brumoso escenario nacional para plantear al país una agenda de prioridades en educación. Es un esfuerzo por dotar de ideas al desértico ambiente electoral.
El documento elaborado por el Contrato Social por la Educación plantea un marco ético y conceptual que vale la pena discutirlo. Habla de aportar una agenda que por lo menos mire al 2060; que influya a lo largo de al menos dos generaciones; que apunte a formar mujeres y hombres libres y realizados, contentos consigo mismos y con sus familias; generosos, capaces de convivir en armonía entre ellos, con la naturaleza y los animales; que puedan incluirse en una contemporaneidad cambiante y exigente en cualquier parte del mundo, con alegría, conocimientos, raíces firmes y valores sólidos. Seres humanos aptos para enfrentar adversidades y desafíos, competentes para el trabajo en equipo, para resolver problemas y desplegar su sensibilidad, ingenio y creatividad en cualquiera de sus inteligencias. Ciudadanos y ciudadanas que ejerzan sus derechos y responsabilidades, y luchen por la justicia social, la democracia y una nueva civilización.
Si bien la agenda aporta a un proyecto que apunta a 2060, se asienta en el hoy y se alimenta de lo mejor del pasado. Asume los grandes avances de la Constitución de 2008: el enfoque de derechos, el reconocimiento del sujeto que aprende como centro de la acción educativa y del sistema.
La propuesta del CSE reconoce los logros de las políticas educativas en los últimos años, especialmente en acceso y las medidas para derribar las barreras de exclusión. Subraya el mayor financiamiento educativo, la estabilidad de las políticas y los niveles básicos de planificación alcanzados en el Plan Decenal.
No obstante, tampoco deja de fijarse en cómo se mantienen problemas estructurales: la deserción, el rezago y la sobriedad, la mala calidad de la educación. Preocupa el uso de un modelo denominado “meritocrático”, basado en notas y evaluaciones estandarizadas, aplicado en condiciones históricas de inequidad que agudizan las brechas y la exclusión. Molestan las medidas que procuran la homogenización; también la falta de pertinencia cultural y la carencia de políticas adecuadas y financiamiento, en especial para la población indígena y afrodescendiente. No está conforme con el enfoque de las reformas curriculares.
Inquieta la fractura del sistema, el enfoque escolarista y el modelo de gestión tecnocrático e hipercentralizado que ahoga la autonomía pedagógica de la escuela y la participación.
Dice que algunas de las políticas educativas actuales tienen que ser reforzadas, otras redireccionadas y varias definitivamente eliminadas como condición indispensable para apuntalar el proyecto al 2060.
A enterarse de educación, señores candidatos.