Sebastián Mantilla

Protocolo para Assange

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Miércoles 17 de octubre 2018

La permanencia del ciberpirata Julian Assange en la Embajada del Ecuador en Londres ha sido una molestia y un dolor de cabeza. En lugar de beneficiarnos como país, en el sentido de dar asilo a un “perseguido político”, sus actuaciones han contribuido a empañar aún más la imagen del Ecuador a nivel mundial.

No solo por las palabras poco comedidas que ha tenido Assange para nuestro país sino principalmente por las acciones de espionaje internacional que presuntamente ha emprendido durante su estadía en nuestra delegación diplomática desde 2012. Entre las más polémicas están la interferencia en las elecciones presidenciales del 2016 en los Estados Unidos y en la reciente crisis política en España, a propósito de la intención de Cataluña de declarar su independencia. De este modo, nuestra embajada se convirtió en la oficina principal y centro de operaciones de Julian Asaange y su organización Wikileaks.

El gobierno del presidente Correa hizo la vista gorda. Permitió que Assange actuara a su antojo, sin exigir que se acogiera a su condición de asilado. Durante el periodo del presidente Moreno la situación ha sido diferente. Frente a los excesos y exabruptos de Assange, en marzo de este año el gobierno restringió su acceso a internet.

Con la finalidad de regular o normar su presencia en la Embajada, la Cancillería del Ecuador ha aprobado un protocolo que está en vigencia desde el 11 de octubre pasado. El ciberpirata, nacionalizado ecuatoriano por la ex canciller Espinosa en diciembre de 2017, ya no podrá hacer lo que le venga en gana. Las visitas que reciba deberán anticiparse y ser autorizadas por el embajador en Londres. Estas no podrán ser más de tres personas a la vez. Las comunicaciones adicionales deberán ser pagadas por Assange. La Embajada no se hará responsable de los contenidos de las comunicaciones. Las evaluaciones médicas serán trimestrales, entre otros. Si incumple se entenderá como inobservancia de las condiciones de asilo.

Aunque considero que Assange nunca cumplió con los requisitos básicos como para otorgarle asilo y que el camino que debía seguir el Gobierno es su entrega a la justicia británica, el protocolo es una medida acertada que ha tomado el canciller José Valencia. Sin embargo, llama la atención que Assange, a través de sus abogados en Ecuador, vaya a emprender una acción legal contra el funcionario por entregar presuntamente información que considera como reservada sobre su caso.

En efecto, meses atrás, cuando se hicieron públicos varios documentos de la Senain sobre Assange, se pudo constatar la visita a nuestra Embajada de colaboradores cercanos a la campaña del Donald Trump y de líderes del separatismo catalán como Oriol Soler.

No se trata, como dice el director de Wikileaks, Kristin Hrafnsson, de “terminar con el aislamiento de Assange”. O se adapta al protocolo o es mejor que se haga cargo de él la justicia británica.

smantilla@elcomercio.org