Propiedad, protesta y clase media
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El Gobierno ha dado a la oposición de derecha una causa suprema para ganar espacio, en bandeja de plata, con las leyes sobre herencia y plusvalía. La propiedad es el refugio, esperanza y seguridad de todo el mundo, algo sensible para todos. Ahora, el acceso a la propiedad no es de pocos, al contrario.
Desestabilizarla, además por no gran cosa, tiene muchos costos sociales. Así, el Gobierno favorece que la derecha canalice el descontento social acumulado, sobre todo en la clase media, e incremente su legitimidad cuando hasta hoy no hay alternativa política al Gobierno. Envía la clase media a la derecha. La primera versión de la ley sobre la herencia fue punitiva a la propiedad y muy fiscalista, afectaba no solo a la clase pudiente y media. La última versión, luego del repudio general, no parece punitiva para la mayoría como dice la oposición. Sin embargo, podrá no afectar sino a una minoría, pero llegar hasta el 77%, de impuesto suena a confiscación. Es la imagen que queda.
Correa empata su inspiración en la Doctrina Social de la Iglesia y su tecnocratismo de especialista en impuestos. Un catolicismo que lleva a un moralismo que condena la riqueza aunque la práctica real sea otra. Tras esa visión contra los ricos con la herencia y plusvalía hay el populismo que Marx rechazaba en Prudhon de condenar la propiedad sin que ese moralismo cambie el sistema, un simplismo. Es en cambio reforzar el bajo nivel de capitalizacióny de empresa, muy del ‘subdesarrollo’. Ayuda a la trampería. Ahora hay los fideicomisos; se inventará otra cosa para camuflar la fortuna y transferirla. En cambio, habrá la amenaza al patrimonio que no estimula crear empresas ni menos modernizarlas. Esta puede ser una opción de sociedad, pero vale estar claro en lo que se busca.
El equilibrio complicado a tener en una economía como en Ecuador, entre una fiscalidad más igualitaria y que no sancione la economía es complicada, con un Estado siempre urgido de recursos. La tentación de captar fortunas con impuestos o casi confiscarles, por simpático o radical que se pretenda, acaba por destruir los ánimos empresariales y las empresas. La modernización buscada requiere normas claras para que las empresas aporten al Fisco y sean responsables socialmente.
La idea de favorecer la igualdad social y luchar contra la especulación calzan mal. Todo impuesto, por el hecho de ir al Estado, sería para lograr igualdad social. El impuesto a la plusvalía, por un tiempo, limitará la especulación pero incrementará el costo del suelo, por ende de la vivienda; resultados contrarios a los buscados. Castigar la especulación merece otras medidas.
El Gobierno ve en el descontento desatado un complot y quiere resolver con propaganda. Pero no se protesta porque un partido propone. Crece la indignación y el rechazo. Atribuir eso a maquinaciones electorales es no querer ver la dinámica social.
