La renuncia pública de la Primera Dama a cualquier intención de postular en el 2016 ha venido dada en términos que no dejan espacio para una futura retractación que no sea escandalosa: si la Primera Dama renuncia porque considera que esa postulación atentaría contra “la institucionalidad” -como que en efecto lo haría-, entonces no hay lugar para que en el futuro se diga que debe postular porque, por ejemplo, “el pueblo lo pide”.
Es una lástima, sí, que la señora Heredia haya hecho este anuncio justo horas antes de que saliesen sendos informes de la Contraloría detallando los millonarios costos que hasta ahora ha tenido para el Estado, por ejemplo, la cobertura que el canal estatal ha dado a actividades en las que ha participado. Podría pues dar la impresión de que la Primera Dama finalmente ha hecho esta declaración más empujada por los hechos que por su convicción. Pero no deja de ser verdad que ya la hizo y que han quedado registradas sus palabras.
Pues bien, el descarte de la posibilidad de la “reelección conyugal” es una buena noticia para el país sobre todo porque da el mensaje de que en él la ley importa y puede limitar hasta a quienes están -aunque sea solo como asesores- en la cúspide del poder. Un mensaje invaluable en un país en el que no hace tanto todos los poderes estatales dependían de una sola mano y en el que aún hoy se hace muy difícil, cada vez que existe una presión (popular o no) suficientemente fuerte, procesar los conflictos por los canales institucionales y hacer valer la ley.
Más concretamente, el que se haya dejado claro que la ley que prohíbe la reelección por la vía conyugal está acá para hacerse cumplir disipa temores sobre un uso indirecto y continuado de recursos estatales para fines clientelistas y de que, consiguientemente, el Perú fuese a jugar sus próximas elecciones en una cancha desnivelada y antidemocrática. En el mismo sentido, la declaración difumina los miedos de que se pudiese abandonar la responsabilidad fiscal conforme se acercasen las elecciones y, también, de que hubiese en el Gobierno un plan de perpetuación -y copamiento paulatino- del poder.
Todo esto es no solo una buena noticia para el país, sino también para el Gobierno y para la propia señora Heredia. Ambos han quedado libres para el futuro de una serie de sospechas que justificada y crecientemente iban unidas a todos sus pasos y que les venían costando mucho. El Gobierno ya no tendrá que temer, por ejemplo, que bancos internacionales señalen a sus clientes la posibilidad de que se desvíe la economía con una orgía de gasto popular. O que se le acuse de estar tras las investigaciones a determinados líderes políticos con el fin de anular futuros competidores de la Primera Dama. Y, ciertamente, ya no tendrá que enfrentarse a una andanada de suspicacias fundadas cada vez que despliega en su representación a quien es la asesora principal del Presidente y uno de los rostros más carismáticos de su entorno.