La semana anterior el Gobierno comunicó que Ecuador había alcanzado un acuerdo con el FMI y otros organismos de crédito internacionales, por el cual en los próximos tres años llegarán alrededor de diez mil millones de dólares. Es un buen anuncio. Ayuda a que el riesgo país disminuya, lo que beneficiará en caso se requiera buscar refinanciamiento mediante la colocación de bonos en el exterior o en la tasa en que se cierren créditos de fuera para el sector privado; baja la presión de conseguir mes a mes recursos para cerrar las cuentas fiscales, pues ahora se podrá planificar sin las urgencias por las que atravesábamos, si los créditos son a un plazo mayor a 20 años y las tasas no superarán el 4% como se ha anunciado; y, tanto el pago de intereses como la amortización de capital dejarán un remanente importante en las arcas públicas. Todo ello, a no dudarlo, es importante para re encausar al país y tratar de lograr el equilibrio de sus finanzas. Pero no es todo. Que lleguen recursos o se busque un nuevo perfil de la deuda es una gestión importante, pero si no se hacen las reformas casa adentro y se sigue manteniendo un gasto descomunal, por el que aproximadamente 10% del PIB se va en salarios del sector público, sin contar con el que realizan las empresas estatales, el esfuerzo no servirá de mucho.
Si se piensa que el apretón se superó y se relajan los tibios esfuerzos para hacer reformas de fondo, a la vuelta de la esquina volveremos a lo mismo. Hay que entender que lo único que nos salvó de mayores desastres provocados por la década del saqueo, es que la economía estaba dolarizada. De no haber sido así, el destino final sería el que vive Venezuela o, con un poco de suerte, estaríamos lidiando con la indomable inflación que preocupa a los argentinos. Pero el peligro no ha pasado, se deben establecer las bases para que alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas para ahuyentar las perniciosas incertidumbres.
Se escucha a muchos analistas mencionar que es importante atraer la inversión, pero muy poco se hace para corregir un entramado de normas que la repelen. Hay que modificar esa normativa tributaria que quiere asegurarse una tajada antes que los proyectos o negocios arrojen utilidades, aquella legislación laboral que des estimula la contratación de personal y que empuja, principalmente a los pequeños empresarios, a desenvolverse en un peligroso espacio al filo de la ley.
Se debe realizar enmiendas a un esquema que no permite que exista mayor competencia en la oferta del crédito, lo que redunda en que sean pocos los proyectos de cierta envergadura que puedan encontrar financiamiento local.
Al contrario, se vuelven a repetir comentarios que no escarmientan con los resultados de la experiencia estatista. Se sataniza que se quiera moderar el gasto, consideran un atentado a la soberanía que exista un mero planteamiento de modernizar las empresas públicas, se anuncia como la llegada del apocalipsis que se pretenda introducir una cierta flexibilidad a la obsoleta normativa laboral. Siguen ciegos, inmutables.