La RC completará una década el próximo año y hasta el 2015 no tuvo problemas para pagar a proveedores o transferir recursos a los GAD, a las universidades, a las FF.AA., a Solca, al IESS. Tras haberse gastado el mayor presupuesto de la historia, se percatan que los GAD deben ser económicamente autónomos, que las universidades privadas deben cumplir una labor social, que las pensiones de los militares son excesivas y que las fundaciones privadas no deben recibir dinero del Estado.
En esta década nefasta, al IESS se le “pagó” una primera deuda reduciéndola a la mínima expresión, pero se le desconocieron las siguientes; se le obligó a “invertir” en bonos y hasta en petroleras, se le asignaron responsabilidades propias del Estado sin transferirle recursos, se le retiró el aporte para las pensiones de los jubilados. Una vez reducido a la mínima expresión, con audacia se afirma que es “ilegítimo” que el Estado pague por la atención de salud de los jubilados porque aquello es competencia de esa institución.
Ilegítimo es un adjetivo que califica a lo ilegal, a lo falso, a lo no auténtico. Antes del despilfarro, todo era ¡legítimo!