Alfredo Vergara

Presupuesto y dolarización

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Lunes 03 de diciembre 2018

En la mayoría de países los déficits fiscales son financiados combinando los siguientes cuatro mecanismos: el primero es reduciendo los gastos del gobierno; el segundo, aumentando impuestos, tasas y tarifas; el tercer mecanismo es incrementando la deuda pública; y, el cuarto y último recurso, emitiendo dinero.


Sin embargo, en un país dolarizado como el Ecuador, no es posible utilizar el cuarto mecanismo -emitir dinero- por cuanto en el país no tenemos la facultad de imprimir dólares.

Esa limitación impide que la proforma presupuestaria adquiera la forma de una mesa servida asentada en cuatro patas; sino que más bien tiende a ser un trípode, cuyo equilibrio depende en el frágil balance que puedan lograr las tres patas que quedan, los tres mecanismos que se pueden usar.

La sensación de tener al frente un trípode difuso e inestable, ya fue visible hace un año cuando se presentó la Proforma del 2018. En aquella Proforma, los ingresos corrientes del gobierno se destinaron a cubrir un poco más del 60 por ciento de los gastos; mientras que el restante 40 por ciento se suponía que sería financiado con el incremento en el precio del petróleo -si el destino lo quería- o acudiendo al endeudamiento público.

Actualmente, con lo que propone la Proforma 2019, el escenario es similar; excepto que la dependencia del gasto en el endeudamiento público se contrae debido al -otra vez- supuesto incremento en el precio del petróleo.

No obstante, en el Ecuador existe otra solución que reduce la necesidad de incrementar el gasto público como si fuera el único motor de desarrollo; y que, en consecuencia, también reduce la dependencia en el endeudamiento externo y en el cada vez más quimérico incremento del precio del petróleo.

Esta solución alternativa se fundamenta en la posibilidad de volver a utilizar de manera eficiente, los dólares que se encuentran depositados en las instituciones que conforman nuestro sistema bancario y financiero. Cabe puntualizar que esta no es una idea nueva, sino que ya se la puso en práctica a través de la Ley Financiera aprobada el julio del 2007 y que rigió hasta fines del 2008.

Recordemos que esa Ley, que incentivó la competencia y competitividad bancaria, también logró reducir en un 15% anual las tasas de interés y, además, elevó el Índice de Eficiencia Financiera por sobre el máximo del 100%, de acuerdo a cifras oficiales.

Por otro lado, se estima que en ese periodo, el financiamiento privado generó un incremento de alrededor de 220 000 plazas de trabajo y que, asimismo, produjo en el Ecuador el único proceso de liquidación bancaria –el del Banco Centro Mundo- en el cual ni el Estado, ni los depositantes, ni los clientes, sufrieron ninguna pérdida; sino que esta tuvo que ser cubierta en su totalidad por los dueños del banco. Un éxito total.