Hace dos años empecé una investigación sobre las regulaciones ambientales y sociales que gobiernan los bancos multilaterales y nacionales que otorgan financiamiento a América Latina, pero al poco tiempo decidí enfocar y expandir la investigación sobre las regulaciones chinas.
Primero, porque los impactos ambientales y sociales de los capitales chinos en la región amazónica podrían ser trágicos. Con base en los datos del Heritage Fundation Tracker y del Inter-American Dialogue Data Base (Think Thanks estadounidenses), se puede establecer que tres cuartas partes de las inversiones directas chinas y de los préstamos a gobiernos de bancos chinos en América Latina van especialmente a Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú y que la mayoría están dirigidos a proyectos petroleros y mineros.
Y segundo, porque conocemos muy poco sobre regulaciones ambientales y sociales chinas que aplican a los préstamos y operaciones fuera de China. Incluso, algunas de estas normativas son más fuertes que las del Banco Mundial.
Por ejemplo, el Banco de Exportaciones e Importaciones de la China (uno de los dos acreedores más importantes en la región) exige una Evaluación Ambiental y Social al final de todos los proyectos que financia; el Banco Mundial tiene este requisito solo para los proyectos de alto impacto.
El Banco de Desarrollo de la China (el otro gran acreedor) debe realizar, además de la evaluación ambiental del proyecto, una evaluación del cliente basado en el récord ambiental de la compañía que ejecutará el préstamo, y puede usar el “derecho de veto” para rechazar un proyecto por razones exclusivamente ambientales.
La Directiva de Crédito Verde (la regulación más relevante para los bancos chinos) estipula que deben realizar visitas de debida diligencia en forma “completa, exhaustiva y detallada” en el sitio del proyecto antes de conceder el préstamo; y que se puede solicitar que un “tercero independiente” (una organización de la sociedad civil) evalúe los impactos ambientales y sociales.
Sin embargo, el hecho de que existan regulaciones para los bancos y las empresas chinas no quiere decir que las cosas se hagan bien. El desempeño ambiental y social de estas entidades es extremamente pobre, dentro y fuera de China.
China carece de sistemas eficientes que aseguren la implementación de las regulaciones, tampoco existe un buen control por parte de las agencias estatales, y no hay políticas que garanticen el acceso a la información por parte de todos los interesados.
Una “alianza Sur-Sur” como han llamado varios gobernantes a la “cooperación económica” entre China y América Latina no se puede construir con regulaciones que son buenas en espíritu pero que en la práctica han resultado en letra muerta.
Por ello, una tarea urgente para los bancos chinos es tomar en serio sus propias reglas de juego; y para la sociedad civil de los países prestatarios, exigir su fiel cumplimiento.