Los llamados “paraísos fiscales” están ligados al ejercicio del poder. Allá van a parar los dineros, legítimos o ilegítimos, de políticos de todo el mundo que han ejercido funciones públicas, entre ellas la jefatura de Estado.
Al final de su presidencia, Rafael Correa provocó, junto con las elecciones, una consulta popular en la que el 55% votó a favor de la prohibición de tener inversiones offshore a funcionarios públicos y candidatos de elección popular. El actual presidente, Guillermo Lasso y sus antecesores, Lenín Moreno y Rafael Correa, tienen ahora investigaciones en la Fiscalía por supuestos nexos, directos o indirectos, con operaciones en países considerados paraísos fiscales o con cuentas offshore.
Luego del escándalo mundial de los “Pandora Papers”, en que es mencionado, el presidente Lasso asegura que no incurrió en irregularidades, que para poder candidatizarse acató la normativa vigente. Pero acepta haber creado un fideicomiso con dineros que están en el exterior. Vino el escándalo político con la investigación en la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Garantías Constitucionales, que fue cuestionada y no logró crear una base firme para la destitución del Presidente, aunque dañó su imagen. Al fin y al cabo, no es coherente hacer viajes al exterior para incentivar a que los inversionistas traigan sus capitales al Ecuador, cuando se tiene los propios fuera, aunque no sea en paraísos fiscales.
El expresidente Correa es indagado por supuesta defraudación tributaria. Según el portal Primicias, involucraría pagos por USD 500 000 desde la empresa offshore Cruper hacia UC Global, para dar seguridad a Correa y su familia en Bélgica, en 2018 y 2019. Sobre el recorrido de los dos aviones presidenciales por todo el mundo, incluidos paraísos fiscales, en 2018, la Contraloría presentó un informe de responsabilidad penal que se entregó a la Fiscalía. Emitió glosas por más de USD 9 millones contra Correa y otros involucrados. En los “Pandora Papers” aparecen dos personas vinculadas a Correa: William Cooper, representante del Grupo Azul, cuyas empresas fueron contratistas de Petroecuador, y Nielsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de la estatal petrolera.
El expresidente Moreno y su familia fueron convocados a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que investiga los “INA Papers”, por la constitución de la empresa INA Investment Corporation, en Belice, un paraíso fiscal. Desde allí se habrían efectuado compras sospechosas. Se ha denunciado también conexiones con la compañía china Sinohydro, que construyó la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair.
Todo esto daña la imagen del Ecuador en el exterior y ante sus propios ciudadanos. Por ello, es imperativo que se investigue a fondo estos casos y sus conexiones, sin manipulación política, y con mucha firmeza.