El desliz del Comando Conjunto de las FF.AA., calificado como un error, obedeció sin lugar a duda a la preocupación de los miembros de las FF.AA. en todas los niveles jerárquicos por sentirse abandonados de un pronunciamiento de la autoridad política, representativa institucional sobre el tema, que por ley corresponde al Ministerio de Defensa para evitar ambientes de inestabilidad y de afectación a la moral del personal militar.
Una lista de incentivos económicos promovía una inédita propuesta para la “desvinculación”, de militares como si fueran empleados públicos, lo cual provocó una confusión en la gestión administrativa, especialmente cuando la propuesta afectaba a los cuadros orgánicos institucionales, jerarquías y cadena de mando, sin que conociera el alto mando militar.
Es indiscutible la potestad y facultad legal de la máxima autoridad de las FF.AA., para la determinación de la política de defensa nacional y de la responsabilidad sobre la seguridad pública y ciudadana, aspectos sobre los cuales surgen iniciativas como crear cuatro cuerpos de seguridad que mejoren la protección de la población y del ambiente. Sin embargo, los aspectos relacionados con instituciones que obedecen a una carrera profesional, y poseen una doctrina deben seguir la norma de la conducción política. Para el caso la directiva presidencial, debe ser cumplida por el ministerio de Defensa, para que proceda a la ejecución e implementación luego de la aprobación presidencial y de la Asamblea Nacional, como ocurre en todos los países.
Apartándonos de un ejemplo doméstico, cabe mencionar al procedimiento seguido últimamente por Chile y Brasil, cuando, luego del estudio del Ministerio de Defensa por disposición presidencial presentaron al Congreso las Políticas de Defensa, Libro Blanco y Estrategia Nacional de Seguridad Nacional.
Para cumplir con la disposición del Ejecutivo se deben seguir procedimientos técnicos militares, como el estudio de los escenarios prospectivos y el planeamiento estratégico militar por capacidades, en vigencia en el Ecuador desde 2006 para luego dimensionar los orgánicos estructurales de misiones y tareas. Por lo tanto, la técnica es más depurada que los simples cálculos matemáticos, de sumar los efectivos necesarios para cuatro nuevas instituciones de seguridad y restarlos de los efectivos de las FF.AA.
Es realmente frustrante observar que no se corrigen los errores, ni se miden las consecuencias que se derivan de los vacíos políticos y tiene una y otra vez que el Comando Conjunto de las FF.AA., afrontar situaciones políticas que no le corresponden, a pesar de haberse creado el cargo de un Viceministro de Defensa, para tratar de cubrir ausencias ministeriales, que obligan a participar a las FF.AA. en situaciones políticas y aun de crisis.