Enfoque internacional

Prensa en la mira

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Martes 18 de octubre 2011
18 de October de 2011 00:01

Con un Poder Judicial controlado por el Ejecutivo, el Mandatario logró un fallo en contra del columnista de opinión Emilio Palacio y los hermanos Pérez, directivos de dicho medio, por una nota sobre los sucesos del 30 de setiembre.

La nota desmantelaba la patraña de que ese día hubo un intento de golpe de Estado, cuando, en realidad, se trató de una protesta salarial de la Policía que –según Palacio– fue llevada al extremo por Correa para sacar ventaja política. La pena consiste en prisión y el pago de USD 40 millones.

Para evitar ser apresado, el periodista Palacio se ha asilado en Miami, y uno de los directivos, Nicolás Pérez Lapentti, ha pasado por Viena para denunciar el caso.

Pérez comentó que el caso de El Universo está siendo utilizado para crear nerviosismo en los medios. Es un claro intento de domesticar las voces discordantes.

Mientras tanto, en Viena, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el Foro Mundial de Editores han expresado su preocupación por la “intimidación estatal que la prensa en Ecuador ha sufrido”. La WAN-IFRA representa a 18 000 publicaciones, 15 000 páginas web y 3 000 empresas en 120 países.

“Nos permitimos recordarle que exigir el encarcelamiento de periodistas y propiciar la ruina de un periódico por un artículo de opinión son acciones absolutamente inapropiadas por parte del presidente de una nación”, le ha dicho la WAN-IFRA al Mandatario ecuatoriano en carta de hace algunos meses.

Ante la reciente y descabellada propuesta de Omar Chehade, congresista y segundo vicepresidente del Perú, de mantener los delitos de prensa dentro del Código Penal, vale la pena recordar que los funcionarios públicos están sujetos al escrutinio de la sociedad. WAN-IFRA le ha recordado a Correa algo que responde a la propuesta del señor Omar Chehade: encarcelar a periodistas por desempeñar su profesión atenta contra numerosas convenciones internacionales.

Tanto las autoridades peruanas como las ecuatorianas deben tomar en cuenta que el Principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de DD.HH. (2000) –vinculante para ambos países–, sostiene que las leyes “que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”. El Principio 10 indica que “la protección a la reputación debe estar garantizada a través de sanciones civiles […]”.

Intimidar a los medios, como hace Correa o pretende Chehade, solo fomenta la autocensura y empobrece el debate público.