Walter Spurrier

Premio a tenacidad

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Martes 07 de agosto 2018


El Ministro Pablo Campana anunció que el proyecto de Refinería del Pacífico (RdP) concita el interés de 14 compañías y tres fondos de inversión, provenientes de ocho países; que habrá licitación y la construirá un consorcio que invertiría entre USD 8 y 10 mil millones. Ojalá se concrete. Las autoridades han sido tenaces en la búsqueda de inversores para RdP. Su construcción permitiría sacarle algún provecho a los USD1 .500 millones desperdiciados.

El país necesita combustibles de calidad, y en la costosísima y fracasada ampliación de la refinería de Esmeraldas, ni siquiera se planteó este objetivo. Importamos 138 mil barriles diarios y la obsoleta refinería de la Libertad procesa 42 mil, por lo que los primeros 180 mil barriles diarios irían a consumo interno.

El proyecto RdP bajo Moreno difiere de aquel de Correa en que se construirá con inversión privada, y no inversión pública con financiamiento externo, como se planteaba. Por eso es que está involucrado el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, y no es de exclusiva incumbencia de Petroecuador.

El proyecto RdP tiene una diferencia crucial con otros de inversión privada. No es un negocio entre una empresa y sus clientes a precios de mercado. La empresa va a comprarle la materia prima al Estado, y vender los combustibles que produzca bien sea a Petroecuador o a las distribuidoras para su comercialización en el mercado nacional, bajo sistema de precios controlados. Las autoridades anuncian el inminente cambio de precios en la gasolina, pero no del diésel ni el gas. Por lo tanto, el contrato tiene que pactar fórmulas de precios de petróleo y combustibles.

Para mayor transparencia, lo que debería pactarse es la tarifa a pagar a la refinadora por barril de crudo recibido, y que RdP entregue a Petroecuador los combustibles la refinación, de acuerdo a especificaciones acordadas.

La ventaja de este esquema es que transparenta cuál es el beneficio a Petroecuador de pagar una tarifa por refinación, en lugar de importar combustibles. En enero-mayo la diferencia entre el costo de un barril de combustibles importados y uno de crudo exportado fue de USD1 7,5 (en el mismo período de 2017 costó USD 19,7). A lo que hay que sumar los costos de transporte.

Es imprescindible que varios consorcios entren en liza. El ganador sería el que ofrezca la menor tarifa. De participar un sólo consorcio, no tendría incentivo para ofrecer la tarifa más baja posible.

Bajo el correato, se firmaron contratos a dedo con empresas escogidas, con frecuencia estatales, y el desastre recién se está destapando: sobreprecios, obras mal construidas y coimas millonarias.

La Ley de Incentivos a la Producción, que se aprueba hoy, abre la puerta al arbitraje internacional, lo que remueve un obstáculo a la inversión.