Miguel Rivadeneira

Premio a corrupción e impunidad

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Lunes 16 de enero 2012
16 de January de 2012 00:02

De qué sirve tener nueva Constitución y nuevas leyes cuando no se cumplen, se pisotean y se deteriora aún más la institucionalidad. Cinco años después de administración, uno de los males que persiste es la corrupción y la impunidad y mientras se destinan más recursos para el gasto público curiosamente menos funcionan las instituciones de control y la justicia. Ni las acciones de las entidades llamadas a realizar esta tarea ni la Función Judicial han enfrentado con éxito. Más bien han contribuido, por acción u omisión, a la impunidad. Me remito a hechos y a documentos.

La Constitución creó la Función de Transparencia y Control Social, cuya primera atribución es formular políticas públicas de rendición de cuentas y prevención y lucha contra la corrupción. Parte de esta función es el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene la tarea de investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción. A este organismo se pasaron miles de denuncias de la anterior Comisión Anticorrupción, sin contar con los casos ocurridos en esta administración. Unos denunciados parcialmente por la Fiscalía, otros con tibieza y lenidad por la Contraloría, y que luego se quedan en el olvido. Otros, de menor cuantía, tramitados en el Consejo pero muchos son desechados y archivados.

¿Dónde están los resultados concretos de los grandes casos? Las irregularidades en el Ministerio del Deporte y los comecheques asesores del ministro Raúl Carrión. La Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal y existen 14 procesos, unos en indagación previa, otros con instrucción fiscal y que se hallan en la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional, que preside Luis Quiroz, incluido a última hora por el Consejo de la Judicatura de Transición entre los finalistas del concurso para la Corte, tras su pronunciamiento en el caso de El Universo. El anterior Fiscal General se empeñó en una indagación a Quiroz por presuntas irregularidades y argumentó que había dictado resoluciones apartadas de las normas y que afectaron al interés público.

Los casos de irregularidades en el Ministerio de Salud en la época de la ministra Caroline Chang (hoy candidata a la Dirección de la OPS). La Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal en la compra de fármacos, bienes y servicios y 115 furgonetas transformadas en ambulancias. La Fiscalía anterior inició el proceso penal, pero curiosamente fue exculpada por la Segunda Sala y Quiroz dispuso el desalojo de miembros de la Contraloría, lo que mereció la protesta de la Fiscalía y la Contraloría. Las irregularidades sancionadas por la Supertel a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, casos pendientes en la Contraloría. Por todo esto, ¡viva la corrupción y que se premie a los que se merecen!