Ecuador es probablemente el único país del mundo en el que existe la jubilación patronal. Esta consiste en una remuneración que los empleadores deben cancelar a sus ex trabajadores cuando han cumplido al menos 25 años de labores (a los 20 años se genera un valor proporcional), por el resto de su vida y e incluso hasta un año después de su muerte.
Esta institución nace en la década de los 30 del siglo pasado, cuando se empezó a implementar la seguridad social en el país con el fin de establecer un fondo para cubrir los riesgos del trabajo y las necesidades de los jubilados a través de los aportes de empleadores y trabajadores. Como había trabajadores que no alcanzarían a acogerse a estas prestaciones por su edad, se creó la jubilación patronal con un carácter transitorio hasta que el sistema de seguridad social cubriera a todos.
Sin embargo, en un país con un largo legado de populismo y demagogia, más adelante se le dio el carácter de permanente, por lo que los trabajadores en el país gozan de una doble jubilación, la del IESS y la de sus patronos.
¿La consecuencia ha sido mejorar la calidad de vida de los trabajadores? Pues no, porque son pocos los que llegan a alcanzar este beneficio, ya que muchas empresas, frente a una normativa a todas luces injusta que obliga a un pago sin contraprestación alguna por parte de los ex trabajadores, terminan los contratos de sus empleados antes de los 20 años de labores, en una edad, además, en que se dificulta encontrar un nuevo trabajo.
Pero eso no es todo, hace poco, la Corte Nacional de Justicia, acogiendo tres fallos evidentemente errados, emitió una jurisprudencia en la cual se interpreta que el monto de la jubilación patronal no tiene ningún límite, a pesar de que la ley claramente establece una remuneración básica unificada como máximo. ¿El resultado? Que más personas se queden sin trabajo en el momento en que más difícil les será encontrarlo. Así, la jubilación patronal, más que beneficiar a los trabajadores, los perjudica.