En los últimos días se ha debatido -notas informativas, artículos de opinión, declaraciones a favor y en contra, defensas gratuitas de funcionarios agradecidos- el fin que el dictador de Carondelet ha dado a una parte de la ‘indemnización’ que arrancó -uso esta palabra conscientemente- al Banco Pichincha. Sin embargo, en mi criterio, las preguntas más importantes las ha realizado Marlon Puertas en su artículo titulado ‘Yo pregunto’, publicado en el diario ‘Hoy’ el sábado pasado: “La demanda que planteó Rafael Correa contra el Banco Pichincha ¿habría tenido otro destino si no hubiese sido el presidente de la República?, ¿pudo haber ganado el Banco Pichincha si no se enfrentaba al presidente?”
¿Por qué son importantes estas preguntas? No sólo porque apuntan al origen del dinero, a analizar si es o no justo y legítimo, sino porque una respuesta seria y responsable, analítica y documentada, jurídicamente objetiva y crítica, bien podría llevarnos a tomar conciencia una vez más de una de las prácticas aberrantes de la vieja política (la de la ‘partidocracia corrupta), que sigue en plena vigencia -y boyante- en los tiempos luminosos de la ‘revolución ciudadana’: la desaprensiva utilización del poder para presionar y manipular a la administración de justicia y obtener beneficios políticos o personales. ¿Se hará una investigación algún día?
¿Conocen los ecuatorianos, por ejemplo, que el ‘indemnizado’ fue registrado en la Central de Riesgos, como deudor moroso, por La Previsora, en 1997? ¿O que Filanbanco, cuyo único accionista era el Ministerio de Finanzas, vendió la deuda, de apenas noventa y siete dólares, mediante escritura pública, al Banco Pichincha, que había acudido en ayuda del Estado? ¿O que, a pesar de que conocía que estaba registrado desde el 2002, presentó la demanda, para reparar su honor, casi cinco años después, en enero del 2007, cuando ya era presidente electo y pocos días antes de posesionarse? ¿O que pagó la deuda en diciembre del 2005 y que nuestra administración de justicia, para justificar la ‘indemnización’, no reconoció ese pago?
¿Conocen los ecuatorianos que en el reclamo administrativo por este asunto privado intervino el Dr. Rafael Correa Delgado, Ministro de Economía y Finanzas, con número de oficio y papel del ministerio? ¿O que la acción de daño moral prescribe en cuatro años, pero que en este caso se interpretó que el tiempo de la prescripción no corría? ¿O que funcionarios públicos, concretamente de la presidencia, concurrían a las diligencias de este juicio privado? ¿O si fue coincidencia la destitución del juez de primera instancia, para más tarde reponerlo en su cargo? ¿O que el dictador de Carondelet abusó de recursos públicos -en las chacotas sabatinas- para defender, insultando, sus intereses personales? Y hay mucho más…