Lo que motiva al presidente Moreno a convocar un referéndum-consulta para 5 reformas constitucionales y consultar dos temas es fortalecer el voto positivo para las dos reformas de fondo: derogar la reforma constitucional que permite la reelección indefinida, y cambiar a los integrantes del Consejo de Participación, y con ello, remover selectivamente a los titulares de los organismos de control que continúan sintonizados a Bruselas.
¿Quiénes leerán las preguntas? Los mismos que leen los editoriales y artículos de opinión de los diarios: una minúscula parte del electorado. Como observan Jaime Durán Barba y Santiago Nieto en su reciente libro “La Política en el Siglo XXI” (Penguin, Buenos Aires Junio 2017):
“Es equivocado suponer que los ciudadanos cuando toman sus decisiones políticas … son racionales…. En toda acción, más aun en todo lo que tiene que ver con la política cuotidiana, nos guiamos por nuestra inteligencia emocional: si decidimos que debemos votar… es difícil que cambiemos de posición porque alguien nos convence con argumentos racionales…. Cuatro quintas partes [de la información]… provienen de la forma… y también de los mitos en que cree el receptor.”
Las cuatro otras reformas y una consulta van a sumar votos; una de ellas tiene que ver con un tema que afecta nuestros intereses y moviliza: la ley de plusvalía.
Otras, con nuestras convicciones: aprobamos las mayores sanciones para funcionarios ladrones y pedófilos.
Las ecológicas sintonizan con nuestros mitos, aunque no de los activistas, que las encontrarán insuficientes.
Una reforma constitucional tiene que ver con la minería. Por razones ecológicas se incrementan las restricciones. En lo principal en que difiere el tema propuesto de lo establecido por la Constitución sería la prohibición de la minería en zonas urbanas, lo cual es absolutamente lógico. Lo que sucede en Zaruma es intolerable. Aunque según entiendo, más que reforma constitucional, lo que se requiere es acción policial.
Al respecto del Yasuní, el presidente Moreno habrá consultado con las autoridades petroleras si la reducción a una tercera parte del “área de explotación” autorizada no pone en peligro el desarrollo del ITT. El Ministro Perez García ofreció el incremento de la producción petrolera a 700 mil barriles para fines del gobierno, lo cual es pieza fundamental de cualquier programa de estabilización fiscal. Probablemente la definición de “área de explotación” es lo suficientemente restringida como para no impedir la explotación del ITT, cuya real extensión aun no conocemos, y que puede incluso extenderse hacia el suroriente.
Hagamos votos por un abrumador voto por el sí, y el inmediato reenfoque de las autoridades hacia la apremiante situación económica.