Preguntas represadas

Consultar al pueblo está en la Constitución. Es legal y muchos piensan, legítimo. Ahora luce indispensable pero no cabe agotar el recurso.

La democracia plebiscitaria tiene el valor de acudir a la fuente original que es el voto de la gente pero muchas veces se ha abusado de esa poderosa arma política para hacer populismo del puro y duro que con una dosis de movilización de masas ( estimuladas con apetitosos sánduches) apuntalaba la tarima de la pseudo revolución.

Esta vez, el Presidente busca una legitimación política mientras el bloque oficialista, cuyas listas se confeccionaron a la lumbre de la fogata de los corazones ardientes, se agrieta. La elección la ganó el antecesor y ese alto precio lo está pagando Lenin Moreno mientras la cirugía mayor se practica con la perplejidad de todo un país.

La condena con la muerte política de los actores de la corrupción es un clamor. Si nadie hubiera metido las manos en la justicia, si los jueces con la aniquilada Corte Suprema hubiesen seguido y actuado con independencia nada de esta putrefacción contenida se hubiese destapado de golpe con semejante remezón y los actos de corrupción se hubiesen castigado a tiempo.

El otro tema que es una deuda social es aquel del Yasuní. El derecho conculcado a los yasunidos por un poder concentrado y con doble discurso (la defensa a ultranza de la naturaleza trocada-trucada se diría a la explotación depredadora) impidió con malas artes que se le consulte al pueblo.

Está la derogatoria de la Ley de Plusvalía, que con sensibilidad y olfato bien se pudo tramitar en la Asamblea y que tanta falta hace para estimular la construcción, fuente única de una dinámica, encadenamiento productivo con alto sentido social que estimula la mano de obra en un país que requiere fuentes de empleo. Economía, producción, sentido social, creación de riqueza para cobrar más y mejor los impuestos.

El otro tema de fondo es el de las enmiendas. Es una lástima que el Presidente no haya buscado dejar de lado las enmiendas que una mayoría cerrada impuso por la fuerza de los alzamanos prevalidos del método D’ Hont que le dio más escaños de los que debía obtener en justa proporción.

Se toma en cuenta la enmienda de la reelección indefinida. Solamente el abuso del poder, la propaganda derrochadora y el empleo sin control ni mesura de los recursos públicos en la campaña electoral construyeron una ficción de un poder que seguramente hubiese sido menos avasallador en circunstancias equitativas.

El sistema hiperpresidencialista con el poder concentrado que se exageró en grado sumo no debe propiciarse ni enquistarse, sería sano que la gente lo deseche.

Y, como parte de esa estructura de poder el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, responsable de la nominación de las autoridades de control que tanto han dado que hablar, debe cambiar. Eso no resiste discusión, pero el voto popular sería un error. Podría volver el clientelismo en campañas de impredecibles resultados.

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