A pesar de que los resultados oficiales del 23F no han sido proclamados, me aventuro a responder qué pasó, por qué y qué consecuencias tendrá.
¿Qué pasó? Si bien AP sigue siendo la mayor fuerza política a nivel local, su presencia electoral se redujo ostensiblemente. Los principales beneficiados fueron partidos de su misma tendencia: Avanza, Pachakutik, Socialismo, además de actores emergentes como SUMA y varios movimientos locales. Exceptuando lo sucedido en Quito, Guayaquil, Azuay y varios cantones mineros, el resultado fue producto más de la división de la tendencia oficialista que un triunfo de la oposición. Su revés en circunscripciones estratégicas le impone un costo simbólico negativo global. Por ello, quizá la mejor respuesta a qué pasó el 23F es que AP, a escala local, perdió la supremacía electoral que había logrado en febrero de 2013 y que aquello significa una importante derrota que la asume principalmente su caudillo. Aquello, empero, no implica que su fuerza política haya empezado un declive irreversible. El 23F Correa y AP sufrieron una dura derrota, están heridos políticamente, pero siguen fuertes. Más que un triunfo de la oposición, ocurrió una primera y significativa derrota del correísmo con matices altos y bajos a lo largo del territorio nacional.
¿Por qué se dio aquello? Una hipótesis es el agotamiento publicitario del Gobierno y el desgaste de la marca Correa, como locomotora de arrastre electoral. El mensaje que se transmitió al electorado fue que voten, todo todito, por los candidatos del Presidente, que no hacerlo era un acto de traición. El problema es que aquello desató una tendencia letal para los propósitos electorales del oficialismo: el ahogo de los liderazgos locales, su subordinación a la figura presidencial; hecho que más bien elevó el liderazgo de muchos de sus contrincantes. El sectarismo de AP dividió su votación en muchas circunscripciones y, además, la oposición evitó en varios casos la dispersión de la votación contraria al correísmo. Huelga mencionar fracasos estrepitosos en la gestión de varios alcaldes y prefectos de AP y, evidentemente, la emergencia de nuevos liderazgos en el campo no oficialista.
¿Qué consecuencias tendrá lo ocurrido? Digamos que el tiempo político hacia el 2017 se aceleró y que la imagen de una continuación inevitable de AP hoy aparece difusa. Si el oficialismo pretende asegurar sus posibilidades deberá forzar la reforma constitucional para que Correa sea candidato, pero, igualmente, su imagen de imbatible hoy está resquebrajada. Además, el Presidente deberá pagar una jugosa factura a sus aliados, la misma que marcará el equilibrio de fuerzas dentro del Gobierno en los próximos años. A la oposición, el viento por primera vez le sopla a favor. Más allá de los inevitables triunfalismos sus actores precisan una interpretación objetiva de las razones del éxito, pues la oportunidad abierta el 23F bien podría evaporarse si persisten visiones personalistas, sectarias y hegemonistas, que conspiren contra los esfuerzos de unidad.