Soy de los que creen que el No derrotó ampliamente al Gobierno en la consulta popular del pasado 7 de mayo. Y que los rostros de estupor y desconcierto de la plana mayor de Alianza País esa madrugada del domingo siguiente, cuando se enteraron de los resultados del conteo rápido, son las que reflejan la realidad de lo que ocurrió. Las celebraciones posteriores, las frases grandilocuentes de ejemplos planetarios, son para la galería. Dentro de sí mismos, ellos saben bien lo que ocurrió: con tribunal enteramente a favor, con todo el Gobierno volcado a recorrer una y otra vez el país, en abierta campaña por el Sí, amedrentando a golpes y con la cárcel a quienes osaban discrepar, con todos los medios estatales y hasta un exit poll, comprometidos sin ninguna vergüenza, la diferencia a favor del Sí fue la mínima que se ha obtenido en la historia de las consultas. A tal punto, que en algunas preguntas, como la número nueve, la diferencia es tan escasa que la oposición hasta ha llegado a proclamar una especie de vitoria moral: el Sí triunfó con el 45% de los votos, pero el 43% dijo que No.
Los resultados prácticos de tales escrutinios son contundentes. En primer lugar, el Gobierno perdió la fuerza política para imponer su proyecto y no tiene legitimidad más que para impulsar aquello que se aprobó en la consulta con tan escasa diferencia de votos. Esto es, la creación de un consejo regulador que controle la difusión de contenidos con mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores. Esto es lo que el pueblo aprobó de manera tan ajustada. Nada más. Nunca se consultó si el Ejecutivo debía integrar ese consejo (como se planteaba en los proyectos de Panchana y Carrillo) por lo que yo creo que ese tema debe ser aún discutido y decidido por los legisladores. Ni tampoco se han establecido otras conductas dignas de sanción que la difusión de mensajes violentos o explícitamente sexuales o discriminatorios. Lo cual es importante si uno recuerda que en el proyecto original presentado por el Gobierno, un medio podía ser sancionado con la suspensión por diez años por una falta tan vaga como la de atentar contra los derechos garantizados en la Constitución.
La verdad es que los proyectos de Panchana y Carrillo han sido sepultados por el plebiscito, y estamos jugando ahora otro partido y en otros tiempos. La pelota ha regresado a la cancha de una Asamblea en la que el oficialismo tiene menos legisladores que cuando empezó el proceso de consulta. Es de suponer que todos están conscientes ya de la estrategia del veto presidencial con poder para cambiar todo lo que los asambleístas pudieran aprobar por consenso. Ha ocurrido ya, varias veces, y no hay espacio para la candidez.