Los polÃticos conocen muy bien que un recurso de singular eficacia para conseguir la adhesión popular, ya se trate de un campaña electoral o de una consulta, es proponer un aumento drástico de las sanciones penales.
La iniciativa se presenta con un discurso aparentemente muy sólido: se parte de la comprobación de que la inseguridad es uno de los problemas que más preocupa y angustia a los habitantes del paÃs; se propone, para solucionarlo, aumentar la severidad de las penas, sin rebajas ni concesiones de ninguna clase, sobre todo para sancionar a sujetos depravados, cuyas vÃctimas son niñas, niños o personas que sufren discapacidades; sujetos de imposible rehabilitación, sobre todo en el estado deplorable de las cárceles ecuatorianas. Este castigo ejemplar ¿por qué no la pena de muerte, si fuera posible? servirá como advertencia a potenciales criminales. El discurso se complementa motejando a quienes se opongan al proyecto como defensores de los delincuentes y, casi, casi, como enemigos de los buenos ciudadanos.
Pero el discurso se reblandece si se somete a un análisis más detenido. La depravación es una caracterÃstica que puede encontrarse en muchos tipos de delincuentes. Por lo que, si nos atenemos a tal antecedente, habrÃa que hacer una revisión del Código Penal y un incremento de las penas, con el consiguiente crecimiento de la población carcelaria, que ya en estos momentos parece estar fuera de control, según dicen a diario las noticias. Es cierto, por esta misma razón, que la rehabilitación parece ser una utopÃa; pero a ningún condenado se le puede negar por principio el derecho constitucional a rehabilitarse.
Lo más débil en el discurso de dureza estriba en la, también utópica, esperanza de que la amenaza de un castigo severo consiga disuadir a los potenciales delincuentes. Y menos todavÃa a los más peligrosos. En el Ecuador esto ha quedado patéticamente evidenciado con el represivo Código Integral Penal que, lejos de disminuir el número de delitos, ha triplicado desde su vigencia el número de personas privadas de su libertad.
Son otros muy diferentes los factores que conducen a la disminución del panorama delictivo: educación principalmente, valores éticos y sociales, una economÃa sana que consiga sobre todo disminuir el desempleo.
Esta peligrosa tendencia legislativa, que como epidemia se extiende por varios paÃses, el Ecuador entre ellos, bien puede calificarse como populismo penal, y hasta como demagogia penal, que puede conseguir votos pero que finalmente agrava el problema.
Siempre valdrá la pena recordar las juiciosas palabras del Marqués de Beccaria, a quien podemos considerar el fundador del Derecho Penal moderno: las penas excesivamente rigurosas provocan la impunidad, endurecen a la sociedad y no disminuyen los delitos.