El Ecuador, a lo largo de su historia, ha carecido de una política de desarrollo industrial consistente y adaptado a las necesidades de crecimiento del país. Modelos como la sustitución de importaciones, aunque con interrupciones, no lograron un cambio estructural en la manufactura, dejando un sector industrial poco diversificado, dependiente y con baja participación en el Producto Interno Bruto (PIB).
La dolarización, si bien ha aportado estabilidad monetaria, no ha impulsado la formación de un aparato industrial sólido. La limitada inversión nacional y extranjera, sumada a la percepción de inseguridad jurídica y la tendencia de capitales hacia la especulación financiera, ha frenado el crecimiento. El contexto internacional actual, caracterizado por el proteccionismo y la débil integración regional, añade una capa de complejidad.
A pesar de estos desafíos, Ecuador posee abundantes materias primas nacionales, un potencial en energías alternativas y la necesidad imperante de generar empleo y divisas para sostener su sistema económico y financiar programas de desarrollo y protección social. La crisis económica actual subraya la urgencia de revitalizar el sector productivo.
El nuevo gobierno –que reitera su compromiso por transformar al Ecuador en un nuevo país- debe asumir en el menor plazo el diseño y adopción de las políticas y estrategias para revitalizar o insuflar fuerzas al sector productivo. Aún no existe un pronunciamiento sobre la gestión gubernamental que dará a luz los grandes objetivos generales y sectoriales. En el caso del sector industrial se diría que están ausentes las iniciativas y el compromiso para apoyarlo, pese a sus potencialidades para generar resultados importantes en la economía y en el desarrollo social nacional.
Al margen de las especificidades, es necesario contar con el objetivo claro y con la identificación de las ideas, fuerza o pilares de una estrategia de desarrollo industrial. Debe tomarse en cuenta la necesidad de transitar hacia una transformación industrial de la matriz productiva que contemple los bienes y servicios de mayor valor agregado, utilizando materias primas nacionales y tecnología avanzada. De esa manera se puede crear un entorno propicio para la inversión nacional y extranjera productiva, que se traduzca en modernización de bienes de capital y transferencia tecnológica. Asimismo, se debe impulsar las exportaciones competitivas y diversificadas, incluso en nichos de mercado, para asegurar la entrada de divisas, vital para la sostenibilidad del sistema monetario.
La generación de Empleo Digno, mediante la creación de puestos de trabajo estables y de calidad, con énfasis en la capacitación y el desarrollo de habilidades para la industria, deben formar parte integrante de la política de desarrollo industrial.
El desarrollo industrial debe ser sostenible y responsable, integrando criterios ambientales y de protección de recursos naturales en todo el proceso productivo, promoviendo la economía circular y el uso de energías limpias. Un aspecto de primera importancia es el fomento del mercado interno, atendiendo sus necesidades con productos de calidad, impulsando la producción local y el encadenamiento productivo.
Los pilares estratégicos de la política industrial competitiva deben referirse al estímulo a la inversión productiva y seguridad jurídica; el fomento de la innovación, tecnología y digitalización; el impulso a la diversificación productiva y cadenas de valor; la sostenibilidad ambiental y uso eficiente de recursos. La identificación y apoyo a sectores estratégicos reposan en el análisis de los sectores industriales con alto potencial de crecimiento, generación de empleo y divisas, y valor agregado, a los que se debe brindar apoyo priorizado.
La implementación de una política industrial requiere de la voluntad política firme y un enfoque de gobernanza colaborativa. Es factible si el gobierno lidera con convencimiento, es decir, demuestra un compromiso claro con la industrialización como eje del desarrollo económico; construye acuerdos amplios con todos los actores relevantes: gremios empresariales, trabajadores, academia, sociedad civil y gobiernos locales, para generar legitimidad; prioriza la estabilidad jurídica a fin de generar confianza en todos los sectores; se enfoca en resultados.
En un contexto de limitaciones fiscales, los recursos deberán dirigirse a los programas e incentivos con mayor impacto potencial en la generación de empleo y divisas. Se optimizarán los recursos públicos existentes y se buscarán fuentes de financiamiento alternativas, como fondos verdes internacionales para proyectos sostenibles. La política deberá diseñarse para que el crecimiento industrial genere, a mediano y largo plazo, mayores ingresos fiscales y la entrada de divisas que refuercen la economía dolarizada.
