La política y su financiamiento

El financiamiento de la actividad política es el más delicado y el que con más urgencia requiere atención y decisiones. El “arroz verde”, como lo bautizaron sus autores, cómplices y encubridores, o los “sobornos”, como lo ha calificado la Fiscalía, entraña conflictos de interés y corrupción cuando no se manejan con elemental delicadeza los asuntos del Estado.

Los partidos requieren financiamiento para desarrollar su actividad. Para las elecciones y para capacitar a sus militantes en los aspectos ideológicos, organizativos, electorales. Más aun cuando la actividad electoral se volvió, de unos años a esta parte, tan mercantil, tan poco mística, tan contratable.

La época en que los militantes de un partido realizaban sus tareas, desde pegar afiches y pintar paredes, pasando por la instrucción de los militantes, sin percibir por eso un solo centavo, están muy lejanas.

Todo se contrata, a tanto por afiche pegado, cuanto por perifoneo, tanto por bus para transportar manifestantes en respaldo al candidato. Casi todo es contratado. Por eso es que las campañas electorales cuestan tanto, y por eso, y la política del espectáculo, las necesidades de financiamiento se han multiplicado exponencialmente.

Siendo ésta la realidad, las posibilidades de financiamiento deben ser más rigurosas para evitar que linden en acciones reñidas con la ética, que, aunque la mala fama y el mal comportamiento parecen demostrar lo contrario, en la política es en donde la ética debe estar presente como en ninguna otra actividad.

Solo prohibiendo las contribuciones particulares se evitarán diezmos “voluntarios” y contribuciones “desinteresadas”, de contratistas del Estado, y la filtración de esos recursos, no bien habidos, a los bolsillos de tantos avivatos que pululan en los gobiernos. Y sólo se lo puede lograr si el financiamiento de la actividad política es provisto por el Estado, no sólo mediante la reposición del gasto electoral, sino con asignaciones expresas para organización y capacitación de los partidos. El financiamiento estatal es legítimo y debe ser suficiente y oportuno para el desarrollo adecuado de los partidos políticos, y transparente y con reglas claras, para que no quede al criterio de ningún funcionario de turno.

En el caso no deseado de que se permitieran aportes privados -hay personas que lo hacen por afinidad o convicción-, deben mantenerse prohibidos para contratistas del Estado. Y los particulares que, sin ser contratistas del Estado, contribuyan, deben declararlo al SRI el mismo día que lo hagan, asumiendo la prohibición expresa de que puedan contratar con ningún ente público en el futuro.

Sólo así se evitará la dependencia que puede originarse en los aportes “desinteresados”, grandes o pequeños, voluntarios o forzados, que se producen de mil y una formas, que se sabe como empiezan, pero nunca como terminan, y que acaban prostituyendo la política.

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