El décimo año de gobierno requiere una acción superior porque lo que se haga en los próximos meses configurará el tamaño y la naturaleza de lo que será el país sin excedentes petroleros, para lo cual se precisa de un programa distinto al pretérito, con el menor perjuicio posible para las mayorías nacionales.
La credibilidad crea confianza y es un valor básico de la buena gobernanza en toda época, pero más cuando se trata de manejar un barco en aguas torrentosas. La credibilidad en un gobernante es la base para ser obedecido cuando se trata de tomar medidas difíciles en un país, que como el Ecuador, ha vivido medio siglo de paternalismo gracias a la riqueza petrolera.
Como no se puede pedir solo certezas en la vida, abogo por disminuir las fuentes de incertidumbre y recuperar la confianza en la palabra del Presidente para serenar el ambiente y beneficiar a la gente, al país en su totalidad y no solo a un grupo político. Si esto es así, no se entiende cómo se quiere insistir en una nueva Ley Tributaria de Herencias cuando solo se debe procesar una norma fuerte contra la elusión de los impuestos a las herencias millonarias, contra los fideicomisos tramposos y dejar al resto de la población con la ley actual. A veces pienso que si alguien hubiese sido contratado para bajar rápidamente el prestigio del presidente Correa habría acertado al aconsejar aquellas nuevas normas sobre herencias y plusvalía.
Un estadista debe ocuparse de los temas de máxima relevancia y no usar su tiempo en confrontar todo con el resto del mundo, pues necesita reflexionar o pensar dos o tres veces sobre las decisiones para conducir al país en estas circunstancias complejas, ya que de lo que haga o deje de hacer en estos 15 meses de gobierno depende cómo afectará al bienestar o malestar de la ciudadanía, que es la principal responsabilidad de un estadista.
Un tema relevante es definir otro esquema de desarrollo, sin la dependencia petrolera. Para evitar un descalabro se precisa un diagnóstico certero de lo que es nuestra economía ahora y cómo vamos a equilibrar la cuestión fiscal y el sector externo; es decir, cómo tomar medidas sensatas entre el objetivo de sostener el empleo y al mismo tiempo cortar los gastos superfluos o innecesarios.
Sobre el comercio exterior evitar medidas que hagan olas contra la dolarización, desechando ideas improvisadas y experimentales, sin precedentes de aplicación exitosa. Ya sufrimos la debacle bancaria de fin de siglo por aplicar ingenuamente la libertad económica que permitió a accionistas de algunos bancos a hacerse préstamos con el dinero de los depositantes. Falta entonces que el Gobierno, serenamente, – puesto que aún no hemos tocado fondo- haga un programa serio, anclado en mejorar la productividad, como única vía para compensar la baja de los ingresos petroleros.