Polarización del debate
El derecho es un producto humano sujeto a consideraciones ideológicas, no es neutro; soluciones aparentemente técnicas responden a visiones, perspectivas, nociones de cómo deberían ser las cosas.
Las decisiones que toman los legisladores al aprobar un cuerpo legal están materialmente limitadas por las normas constitucionales, particularmente las referidas a los derechos humanos y sus garantías. Cuando se incumple con el mandato constitucional, o se rebasan los límites allí establecidos, las decisiones se tornan en ilegítimas, sin importar cuán mayoritaria sea una posición en términos de actores políticos o de adhesión popular.
Mientras se respeten esos límites el legislador tiene un campo de libertad para decidir el contenido de las normas jurídicas y se espera que los textos finales sean resultado de un debate entre las diferentes fuerzas políticas presentes en el órgano legislativo. La normas deberían ser el resultado de una deliberación, con amplia participación social, que recoja la pluralidad de posiciones en una sociedad y que se entiende están representadas por los asambleístas.
Cuando existe hegem onía de una fuerza política en el Parlamento, como sucede en el país, la deliberación al interior del movimiento o partido político no reemplaza al debate plural. Los asambleístas electos bajo la misma bandera, representan a un proyecto concreto, sin desconocer los matices que pueden existir en la comprensión de temas particulares, ellos están allí porque adscriben a una determinada visión de la sociedad.
El actual debate público sobre las reformas legales, promovidas por Alianza País, está marcado por la polarización; un observador imparcial -sin información de contexto- al escuchar las razones que se esgrimen en favor o en contra de los proyectos de ley o de los cuerpos normativos aprobados, reaccionaría con perplejidad ante los juicios absolutos que emiten defensores y detractores. Es claro que sin términos medios se desgasta el debate, se vuelve imposible formarse un juicio equilibrado, completo y racional sobre las ventajas, los riesgos y amenazas de los cambios.
Debo reconocer que, en más de una ocasión, he caído en esos absolutos al juzgar los proyectos de reforma, especialmente me sucede con el proyecto de Código Integral Penal; reconozco la necesidad de un cambio en materia penal, estoy de acuerdo con varios de sus contenidos, sin embargo me preocupa su enfoque hiperpenalizador, contrario al derecho penal mínimo establecido en la Constitución, como esto no se encuentra abierto al debate mi reacción ha sido rechazar todo el proyecto.
La discusión racional es necesaria, sin embargo cuando existe poca apertura para las posiciones críticas desde el poder o apertura en los críticos para apoyar las buenas ejecutorias oficiales, el resultado es una lamentable polarización del debate que empobrece a las normas y a la democracia.
