Enrique Echeverría

Poda en la justicia

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Es evidente que ha llegado la hora de organizar el aparato judicial ecuatoriano con personal diferente. La Consulta Popular constituye un mandato para ello. Hay inconformidad de muchos sectores con el desempeño de varios de sus titulares, en especial de las instancias superiores.
La tarea corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio.

Cumpliendo el encargo del pueblo, este Consejo está ejecutando –entre otros deberes- el proceso de evaluación. Pero no todos están prestos a cumplir sus disposiciones.El primero, por su importancia, el Defensor del Pueblo Dr. Ramiro Rivadeneira, una vez recibido el pedido de informe de su gestión, no atendió. En su lugar, ha enviado un escrito con argumentos sobre principios de autonomía, independencia e inviolabilidad de sus funciones. La respuesta del Consejo Transitorio ha sido separarlo del cargo por no enviar el informe ordenado.

Por otro lado, está en marcha un proceso de selección de Fiscales, a cargo del Consejo de la Judicatura, pero está suspendido por orden del Consejo transitorio. Pronto, han presentado una acción de protección para suspender el cumplimiento de la selección. Han escogido un juez “multicompetente” de la población de Balsas, provincia de El Oro. Nadie lo dice, pero –en el fondo- lo que se propondría es dejar organizado un cuerpo de fiscales con ánimo favorable en beneficio de autoridades del gobierno del expresidente Correa. Por ello, a título de burla, se dice que han ido ante el juez de Balsas, “para amarrar la balsa”.

¿Podrá, legalmente hablando, un juez por multicompetente que sea, echar al cesto de basura lo dispuesto por una consulta popular y su ejecutor el Consejo de Participación Transitorio?

Los jueces en general han sido aislados, por ley, de la ciudadanía. No es posible obtener una cita para hablar con ellos.

En Quito, en el nuevo edificio se ofrece comodidad para los usuarios; pero para el juez han instalado salas con una especie de plataforma desde cuya altura se comunica con abogados y litigantes, en audiencia, mediante micrófonos. Algunos están perdiendo la sencillez de antaño y la amenaza de sanción la tienen a flor de labios: desde multas hasta pedido de suspensión del ejercicio profesional.

El aislamiento del juez ha determinado que tampoco sea factible ser recibido por el secretario del juzgado; y, menos, por el auxiliar que tramita el proceso. Hay un conducto humano nuevo: el Coordinador. Solo a través de él se puede acceder a información sobre asuntos pendientes, pero no hasta el “señor juez”.

Igual que a un árbol es oportuno realizar una poda para mejorar sus frutos, en el de nuestra justicia, también; sin abarcar a todo el personal judicial. La poda debe ser parcial, particularmente en los estamentos que juzgan y sancionan a los jueces inferiores.