No es suficiente hablar sobre la pobreza sino actuar con eficacia para comenzar a disminuir el número de pobres y la informalidad laboral del 51% de los trabajadores, quienes fueron invisibilizados el primero de mayo por estar dispersos y subyacentes, de modo que ni la prensa les toma en cuenta ni el Estado se duele por ellos, pero si se prende una chispa saldrán a las calles a protestar y aumentarán la inseguridad y la violencia.
Da la impresión que no nos importa que los jóvenes dejen de estudiar porque igual no van a conseguir empleo; que la pandemia aumentó la desigualdad educativa; que el país vive vegetativamente porque el gobierno prefiere minimizar los ingresos petroleros no esperados al mantener los subsidios y guardar más de USD 8 300 millones en la reserva monetaria sin hacer ninguna obra pública.
El presidente Lasso no es creíble al decir que ha aumentado 350 000 empleos cuando el IESS informa solo de 84 000 afiliaciones. A la falta de credibilidad se suma la indiferencia del país respecto de su presencia o ausencia, pues no se prioriza los viajes en función de asuntos trascendentes y de interés superior de la Nación.
Sin estar en territorio no se puede enfrentar con firmeza y acierto las crisis recurrentes que aquejan a la población, cuando los adolescentes pobres sucumben a las tentaciones delincuenciales violentas y son seducidos por ofertas de riqueza fácil, incluso miembros de las fuerzas armadas. Entonces la inseguridad se expande en el ámbito de los jóvenes de Guayaquil y de todo el país, lo que constituye el problema más grave del Ecuador.
A más de liderazgo hacen falta fondos fiscales para atender esta dolorosa situación y debemos conseguirlos cobrando a los evasores de impuestos, para prever situaciones tan peligrosas, dar trabajo a los vulnerables y básicamente educar y mejorar la vida de los reclusos, como única manera de disminuir el hacinamiento carcelario que es una vergüenza frente al mundo.