Las proyecciones económicas del Ecuador publicadas por el FMI son más que preocupantes. Sería el colmo que el Gobierno las minimice y mantenga la cabeza en el agujero.
Un tasa de -4,5% de crecimiento del PIB impactará en todos los sectores de la economía y golpeará terriblemente al empleo. El bienestar general de la población se verá afectado.
El presidente Correa tiene la responsabilidad histórica de ejecutar inmediatamente un plan económico anticrisis, que proteja la dolarización tanto desde el frente fiscal como desde la producción y la promoción del empleo. Sin dilaciones, pensando en la coyuntura y en el largo plazo, poniendo por encima los intereses del país. Ese plan debe contemplar algunas medidas emergentes:
Por el lado fiscal, se debe implementar un drástico recorte del gasto público. El Estado debe consolidar un papel regulador razonable y ser agente de distribución de la riqueza, pero reduciendo su actual obesidad que es desproporcionada para nuestras necesidades y el tamaño de la economía. Deberíamos contar con 18 ministerios en vez de los casi 50 organismos de ese rango; redimensionar la gigantes obras de infraestructura, vender bienes incautados y elefantes blancos; terminar con novelerías como Yachay y otras; cerrar empresas públicas ineficientes e innecesarias; pagar a menos asesores; contratar menos publicidad, consultorías; tener menos edificios, carros, viajes, etc.
Se debe auditar y refinanciar la inmensa deuda que se ha contratado en los últimos años con China y otros países, y, sin condicionamientos, llegar a un acuerdo para el flujo de créditos transparentes y más baratos con la banca multilateral. Aquello nos abriría las puertas al sistema financiero internacional, lo que tendría que complementarse con medidas que inviten y den seguridad jurídica a la inversión extranjera.
Además, se debe eliminar las salvaguardias, promover las exportaciones y negociar tratados comerciales que nos aseguren mercados. Es preciso renegociar los contratos petroleros ajustándolos a la nueva coyuntura de precios internacionales de crudo. En este campo, preferir contratos de asociación y prestación de servicios, según el caso.
Para reactivar el sector productivo y el empleo se debe ser asegurar un ambiente jurídico, tributario y de regulación propicio para que el sector privado y los actores de la economía social y solidaria reemplacen al Estado y a la inversión pública como motor de la economía. Se debe bajar la carga tributaria, la sobrerregulación estatal y la tramitología para hacer negocios. Especialmente, se precisa promover las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el financiamiento y apoyo especializado, pues son las que más aportan al mercado interno y al empleo.
Asimismo, se requiere un apoyo decidido al sector agropecuario, protegiendo a los pequeños y medianos productores. Por último, se necesita reestructurar y focalizar los subsidios para quienes más los necesitan. En suma, Correa no debe renunciar; debe afrontar la crisis que contribuyó a crear y empezar a solucionarla.
@cmontufarm