Peligrosa lentitud

El Ecuador está pasando por un momento particularmente delicado en la administración de justicia, a la que diez años de sumisión a la arbitrariedad oficial le hicieron perder prestigio y credibilidad, momentáneamente aliviados cuando el presidente Moreno anunció la cirugía mayor para erradicar la corrupción. Al abrir, aunque parcialmente, las encubridoras cortinas, empezaron a revelarse ilegalidades, que cada día aumentan casi por rutina.

Cientos de casos se encuentran en trámite en las instituciones judiciales pero, bien sea por esa acumulación de procesos o, peor aún, por la obstrucción deliberadamente causada por los rezagos del correísmo que aún contaminan la institución judicial, no se ven los resultados que exigiría una auténtica lucha frontal contra la corrupción.

Mientras tanto, los socialistas del siglo XXI, que maniobran incesantemente para defender y difundir su perniciosa ideología, se organizan para recuperar el poder que nunca supusieron que habrían de perder; su ininterrumpida campaña sigue boyante, orientada desde el exterior por el líder supremo y la cohorte de subalternos cómodamente fugados del país, auto-proclamados “perseguidos políticos”.

Los efectos de esta situación empiezan a sentirse. Está renaciendo el pesimismo con respecto a la posibilidad de que la justicia llegue a sentenciar a los culpables y, en vísperas de un año electoral, hay factores de cálculo, aún subconscientes, que influyen en las encuestas e insinúan la existencia de una masa crítica que mira interesadamente a Correa.

El peligro es real y aumenta con el paso de los días. Mientras no se vean resultados concretos en el enjuiciamiento del máximo culpable de la debacle moral y material del país y de quienes para ello colaboraron, tenderá a crecer el número de nostálgicos del correísmo. Al mismo tiempo, es evidente la fragmentación política del Ecuador, pre anuncio de que proliferarán las candidaturas que, haciéndose daño unas a otras, terminarían facilitando un nuevo episodio de socialismo en el poder.

La administración de justicia está llamada a trabajar con la mayor agilidad; y la ciudadanía debe meditar cuánto le está costando al país sobrevivir a diez años de opresión que, si renaciera desde sus aparentes cenizas, volvería con renovada furia y deseos de venganza para llevar al Ecuador por la ruta de Venezuela, dando así la estocada final a las libertades en nuestra ingenua sociedad. Habilidad y mañosería no le faltan, ni fondos acumulados en una década, para financiar sus ambiciones.

Corresponde, entonces, tener consciencia de que el momento es crucial y que el futuro del país está en juego. Las fuerzas democráticas, que son mayoritarias, deben actuar unidas y no dejarse adormecer por una peligrosa confianza rayana en la resignación.

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