El pecado de los veedores Pablo Chambers y Gerardo Portillo fue ir más allá de la tarea que el expresidente Rafael Correa les encomendó: confirmar si su hermano Fabricio tuvo contratos con su Gobierno, lo cual fue revelado por la prensa en el 2009.
Tras dos años de investigaciones, los veedores no solo establecieron que Fabricio Correa recibió contratos por 80 millones sino que realmente se había beneficiado de 657 millones por contratos y subcontratos en diferentes entidades públicas. Y concluyeron que el entonces presidente sí conoció de esas contrataciones. Ese fue otro ‘error’ craso de los veedores: creer que Correa iba a tolerar un informe independiente que afectara su imagen.
Inmediatamente todo el aparataje institucional embistió contra ellos en varios frentes. El Consejo de Participación Ciudadana, que los había nombrado, los dejó solos. No realizó ninguna gestión para que se cumplieran las recomendaciones de la Veeduría y les cerró las puertas de la institución.
Luego, Correa aplicó el guión que se volvió sistemático en su gobierno. Atacó a los veedores en sus enlaces sabatinos y dijo que lo habían calumniado. Repitió la misma receta con los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, quienes denunciaron el caso y luego escribieron el libro ‘El gran hermano’, donde relatan los entretelones de los contratos de Correa.
Entonces, el aparato de justicia hizo lo suyo. Correa demandó a periodistas y veedores. Los jueces los sentenciaron por daño moral y falso testimonio. En la condena contra los veedores se produjo un hecho insólito: aunque el juicio fue planteado contra los cuatro integrantes de la veeduría, solo fueron sentenciados Chambers y Portillo. Sus colegas fueron absueltos.
Hoy Portillo está detenido para cumplir un año de condena y Chambers espera a sus capturadores. Las denuncias contra Fabricio Correa siguen impunes. Unas pocas perlas de muestra de cómo ha operado el poder judicial en tiempos de la revoluciónciudadana.