En su testimonio anticipado desde el consulado del Ecuador en São Paulo, el ex representante de Odebrecht en nuestro país, José Concienção Santos, declaró que entregó USD 2,6 millones para la campaña presidencial de Alianza País de 2013 y de USD 2,5 millones para los comicios seccionales de 2014. Llamó el ex funcionario brasileño “peajes” a los sobornos o coimas. Lo primero, tal vez por un uso figurado: los peajes son pagos para transitar en una vía; con los sobres llenos de jugosas sumas de dinero que se entregaban a Pamela Martínez en la oficina paralela de la presidencia, la constructora brasileña caminaba segura hacia la adjudicación de millonarias obras. El Diccionario de Americanismos trae otra acepción de peajes: “pagos que suelen exigir y cobrar un delincuente o una persona necesitada de dinero…” Sin embargo, con los sobornos o coimas, delinque tanto el que pide y recibe como quien los ofrece y da.
Los hechos que van saliendo a la luz configuran evidencias de una red delictiva. Los dineros para el movimiento político o el pago de facturas por diversos actos proselitistas y otros festejos no solo provinieron de Odebrecht, sino de muchas otras empresas nacionales y extranjeras que contrataron con el Estado. Los “Sobornos 2012-2016” son parte de una lacra bastante más grande.
En la década pasada, todavía quedan zonas oscuras en las cuales se procedió con secretismo, como en las negociaciones de las ventas anticipadas de petróleo a China: aún no se ha desenredado la madeja de los préstamos. ¿Conoce la ciudadanía las condiciones en las que el régimen anterior contrató esa deuda?
El desborde de corrupción se produjo por la falta de sistemas de control: el poder estuvo concentrado en manos del presidente de la República que se declaró jefe de todas las funciones del Estado; la metida de mano en la justicia aseguraba la impunidad. Al mismo tiempo, la Ley Mordaza y los ataques contra los medios y los periodistas buscaron silenciar las denuncias de las irregularidades.
El presidente Moreno ha observado una actitud respetuosa de la independencia de las funciones del Estado. El Ministerio Público, en manos firmes de Diana Salazar, marca las diferencias con el pasado. Ahora urge completar el iniciado proceso de evaluación de los jueces. Esta es una de las tareas más importantes para rehabilitar la democracia destruida por las mentiras y abusos de la década anterior.
Los “peajes” son posibles en un sistema donde campea la impunidad. Sin sanción a quienes abusan del poder o del dinero público en beneficio individual o de un grupo, la corrupción se convierte en tóxico letal para las sociedades. La cirugía mayor exige también la reparación económica de daños y perjuicios, y dar con el destino del dinero mal habido para recuperarlo.
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