La política y la naturaleza azotan a nuestra patria: una prolongada sequía, agravada por negligencias de administraciones anteriores, dio lugar a extensas suspensiones de fuerza eléctrica y apagones en todo el país. Hubo pérdidas económicas muy significativas. Llegó el período lluvioso, muchos ríos crecieron, se desbordaron e inundaron pueblos y ciudades, los pobladores contemplaron, con angustia, la destrucción de sus precarias viviendas, de los anegados sembríos y la muerte del ganado. Las vías secundarias y muchas carreteras principales se hundieron e inutilizaron. El oleoducto, que transporta el petróleo desde los pozos orientales hasta los puertos de embarque, se rompió. Miles de litros de petróleo se desparramaron y se mezclaron con el agua de varios ríos, murieron peces, reptiles, crustáceos y moluscos, se destruyeron manglares.
La salud de los habitantes de los sectores afectados, que ya venía deteriorada, desmejoró notablemente por efecto de estos fenómenos naturales devastadores.
“Se multiplicaron las infecciones respiratorias agudas que se venían presentando desde el año 2024, entre ellas las causadas por el virus sincitial respiratorio, cada vez más virulento y dañino, y las ocasionadas por la influenza y por el COVID. Aumentaron las enfermedades trasmitidas por el agua y por los alimentos contaminados: leptospirosis, gastroenteritis, hepatitis, a las se añaden las frecuentes mordeduras de serpientes. Creció el número de pacientes víctimas del dengue, de 27.000 casos, en el año 2022, subió a 61.000 en el 2024, en la peor epidemia en los últimos 40 años. En las 10 semanas del 2025 se han producido 10 000 casos y 10 muertes.
Ha preocupado muy seriamente el aparecimiento de múltiples casos de tuberculosis (tb) en las cárceles y en ciudades de la costa: en el año 2023 la tasa fue de 38.5 por 100 000 habitantes y en el año 2024 llegó a 45. Guayaquil tiene 125 casos por 100 000 habitantes, la tasa, en la penitenciaria del litoral, llega a 4 500, por 100 000 habitantes, 10 veces más que la media nacional.
Es necesario establecer áreas de aislamiento, para tratamientos y experimentación de esta infección, pues se han desarrollado cuadros tuberculosos resistentes a muchas drogas. Es una infección que debe ser tratada, aunque los enfermos se nieguen a recibir el tratamiento. El Ministerio de Salud debe cumplir los artículos 3, 30, 35 y 367, de la Constitución, que establecen la obligatoriedad de tomar acciones, en función del bien común, por encima de la voluntad individual” (Profesor Dr. Marcelo Aguilar)
“En el pasado existieron los sanatorios para tuberculosos, pero hoy, con los avances en los tratamientos y el enfoque en atención ambulatoria, no suele ser necesario un hospital exclusivo para tuberculosis (Tb) .
La OMS recomienda un enfoque de tratamiento descentralizado y basado en la comunidad. No se requiere hospitales para tuberculosos como en el siglo pasado.
Las cárceles son entornos de alta vulnerabilidad para enfermedades infecciosas debido a la superpoblación, ventilación deficiente, acceso limitado a atención médica y contacto estrecho entre reclusos (acinamiento).
Preocupa la gran cantidad de casos de Tb entre los presos. Por ejemplo, se ha constatado que un enfermo tuberculoso, que ha sido diagnosticado en la cárcel de Guayaquil, una vez que sale, vuelve a delinquir y es encarcelado en Cuenca (Turín), cuando se libera, viola la ley nuevamente y se lo detiene en un reclusorio de Latacunga, lleva el contagio y es muy difícil hacerle seguimiento”. (Académica Dra. Jeannete Zurita)
Mientras la gran mayoría ciudadana se solidariza con los compatriotas que sufren estas tragedias y hace esfuerzos por ayudar a los afectados, trascienden al público, a través de mensajes descubiertos en el teléfono celular de un conspicuo miembro del partido político que aspira llegar al poder, de cualquier manera, la existencia de una red integrada por el expresidente prófugo, por el exvicepresidente encarcelado, por un ex candidato a la presidencia, por la presidenta de la Asamblea, por la candidata a la presidencia y por otros integrantes de consejos y gobiernos seccionales que integran La Liga Azul, una asociación ilícita empecinada en lograr un único objetivo, a espaldas del interés nacional y apartado del bienestar colectivo: la búsqueda incesante de la anulación de las condenas de sus principales líderes y ex colaboradores, que han sido sancionados por haber delinquido. Para obtener estos obscuros resultados no han dudado en armar una trama conspirativa en las que sus integrantes usaron alias, al más claro estilo mafioso delincuencial, con el fin de apoderarse de la Superintendencia de Bancos, del Consejo de la Judicatura, de la Defensoría del Pueblo y de otros organismos de control, a través de la manipulación de la justicia y del CPCCS. Esta obscura intención previene a los ecuatorianos de la destrucción institucional y ética que se produciría si la candidata representante de ese colectivo, que protege y se confunde con delincuentes, alcanzaría la primera magistratura. El fanatismo ciego, de quienes lo respaldan, sería el responsable de una tragedia nacional histórica irreparable, la evitemos con el voto consciente que salve a la nación.
