Francisco Rosales Ramos

Patadas de ahogado

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Acostumbrados a utilizar el poder a su antojo, a que el caudillo concentre todas las funciones, a ordenar y disponer y a considerarse intocables, ahora, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, CPCCS, investido de facultades conferidas por la ciudadanía, les llama a rendir cuentas, y viene el desconcierto, y la reacción agresiva y arrogante que cuestiona sus facultades. Inclusive han tenido la audacia de presentar una acción de protección ante el juez de Balsas, provincia de El Oro, a quien le habrían ordenado resolver la suspensión de una resolución del Consejo.

La arrogancia y el cinismo no tienen límite. El Defensor del Pueblo -¿alguna vez cuestionó las instrucciones de su protector en defensa de los intereses de la ciudadanía?- olímpicamente negó la facultad del Consejo para evaluar su gestión, al punto de negarse a proporcionar información a su ente de control. Bien han hecho Trujillo y sus colegas en destituirlo de inmediato por desacato.

Y el Consejo de la Judicatura, contra el cual se han presentado más de 600 quejas ante el CPCCS, todavía pretende influir sobre los jueces y recurre a la Corte Constitucional - también por 10 años a las órdenes del caudillo- para que unos, como el juez de Balsas, suspendan una decisión legal y legítima del CPCCS y los constitucionales, a título de interpretar una norma supraconstitucional, nacida de la consulta de 4 de febrero, les sustraiga de su obligación de dar cuenta de sus actuaciones y someterse a las decisiones del CPCCS. La Corte Constitucional, con una última decisión sobre un caso que ha demorado más de 7 años, pretendería, con insólito cinismo, blindarse frente a una infracción fundamental del derecho penal: el delito de prevaricato, en el que incurren los jueces que resuelvan contra ley expresa. Y, cuidado CPCCS un último coletazo de esta corte implique una capitis diminutio maxima a este organismo, al que la ciudadanía mira como su última confianza para corregir y castigar a los causantes de la desinstitucionalización correísta. Todos estos personajes, atornillados a sus puestos, se defienden como gatos panza arriba, de la inminente destitución. El caudillo, que también anda asustado en sus visitas a sus congéneres políticos: los Castros, los Maduro, y los Podemos en España, creyó que con las normas legales ad-hoc dictadas para evadir a la justicia, la designación de fiscales, contralores, jueces, procuradores, consejeros y otros especímenes similares, sometidos a su voluntad omnímoda, podría disfrutar de su auto exilio en Bélgica, para luego de 4 años volver con la aureola de virgen del Quinche a “salvar al país”.

No sería extraño que el CPCCS destituyese a los miembros del Consejo de la Judicatura y a los jueces de la Corte Constitucional, por su evidente actuación en favor de quienes ostentaron el poder en los últimos 10 años.